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Home»Locales»QUINDÍO»Asesinatos de líderes sociales aumentaron un 61% durante la cuarentena

Asesinatos de líderes sociales aumentaron un 61% durante la cuarentena

3 noviembre, 2020
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Durante los primeros seis meses de 2020, en Colombia no solo se sintieron los estragos de la pandemia por el Covid-19 sino que también incrementó la violencia que atenta, principalmente, contra los líderes y lideresas sociales.

Así lo confirmo la organización Somos Defensores, quienes en su último informe llamado El Virus de la Violencia, revelaron una crítica situación de inseguridad y vulnerabilidad de quienes ejercer su trabajo con las comunidades.


La organización reveló que durante los primeros seis meses del 2020, durante el aislamiento preventivo obligatorio, en Colombia fueron asesinados 95 líderes y lideresas sociales, 36 más que el año pasado, aumentando un 61%.

Otra cifra que preocupa es que cerca de 452 líderes y lideresas han sido víctimas de diferentes agresiones. Entre ellos, 104 son comunitarios, 88 indígenas, 73 comunales, 54 campesinos, 49 defensores de los derechos humanos, 21 defensores de víctimas, 15 afrodescendientes, 12 sindicales, 15 académicos, 9 representantes LGBT, 6 juveniles y 6 ambientales.

También cabe destacar que el 72% son hombres (327 personas) y el 28% son mujeres (125 personas). Está situación tan lamentable sucede en 29 de los 32 departamentos dentro del territorio nacional.

Respecto a los presuntos responsables de las agresiones, atentados y homicidios, de acuerdo con la organización, en el 37% de los casos se desconoce la autoría, en el 30% se esclareció que provenían de grupos paramilitares (172 casos), en el 12% de la Fuerza Pública (54 ), en el 10% se determinó la responsabilidad de las disidencias de las FARC (48), en el 6% del ELN (27) y en el 5% de la Fiscalía (24).

Para la organización Somos Defensores, el Gobierno Nacional a través de las distintas instituciones vinculadas a la protección de la ciudadanía y sus líderes son responsables por acción u omisión.

Lo anterior debido a que, a pesar de militarizar territorios como medida preferencial del estado frente a las amenazas y actos violentos, según la organización esto “no garantiza realmente la protección y seguridad de las personas que realicen un trabajo de liderazgo en sus comunidades”.

Fuente: El Espectador.

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