El precio de los arriendos en Colombia no da tregua. Todo indica que durante lo que resta de 2025 y también en 2026, las tarifas seguirán subiendo, afectando especialmente a quienes viven bajo esta modalidad. La razón principal: la inflación del país sigue sin ceder al ritmo esperado por los analistas económicos, lo que incide directamente en los contratos de arrendamiento.
Por ley, el incremento anual del arriendo se calcula con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior. Esto significa que si la inflación se mantiene alta, los incrementos en los cánones de arriendo también lo serán. El fenómeno afecta a millones de familias: según el DANE, el 40,3 % de los hogares colombianos —es decir, más de 21 millones de personas— viven en inmuebles arrendados.
En su último reporte, el DANE advirtió que los arriendos están entre los factores que más presión ejercen sobre el aumento del costo de vida en el país. En 2024, la inflación cerró en 5,2 %, lo que se tradujo en incrementos de ese mismo porcentaje en los contratos de arrendamiento. Por ejemplo, un arriendo de $2.000.000 aumentó a $2.104.000. Para este año, se proyectaba que la inflación sería del 4 %, pero las últimas cifras apuntan a un cierre de 4,5 %, lo que volvería a encarecer el costo de arrendar.
En medio de este panorama, el Gobierno Nacional ha señalado que está evaluando mecanismos para regular los ajustes, advirtiendo que algunos propietarios estarían elevando los valores por encima de lo permitido.
En Armenia, el impacto es evidente. Además de los efectos macroeconómicos, expertos aseguran que el municipio está viviendo un proceso de gentrificación que ha venido encareciendo el acceso a la vivienda. La llegada masiva de personas de otras regiones, atraídas por la calidad de vida, el clima y la seguridad relativa, ha generado una presión sobre la demanda de inmuebles, elevando los precios en estratos medios y altos.
En sectores de estrato 4 y 5, los cánones de arriendo ya oscilan entre $1.200.000 y $6.000.000 mensuales, mientras que en estratos 2 y 3 los precios van desde $700.000 hasta los $2.000.000. Lo que más preocupa a los ciudadanos es el ritmo de crecimiento: “Un arriendo que costaba $800.000 hace dos años, hoy está en $1.500.000”, denuncian arrendatarios.
La ciudadanía pide con urgencia políticas de vivienda que regulen el mercado, eviten abusos en los precios y frenen la transformación del suelo urbano en un negocio exclusivo para quienes tienen mayor poder adquisitivo.
