Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, advirtió el grave riesgo que hay frente a los recursos destinados para proyectos a cargo del Instituto Nacional de Vías -Invías como el Túnel de La Línea.
Las alarmas se encendieron luego de que el Gobierno nacional tomó la decisión de expedir un decreto en el cual liquida el presupuesto para el 2024 dejando sin recursos a importantes obras en el país.
De acuerdo con la entidad, este decreto omitió la desagregación de $12,5 billones de pesos (parte de los ya mencionados $13,6 billones) para asegurar los recursos de inversión de los proyectos a cargo del Invías y de la ANI, lo cual está paralizando el funcionamiento de estas entidades y la ejecución de las obras a su cargo.
“El Invías no puede licitar el mantenimiento periódico de todas las carreteras nacionales no concesionadas, porque no cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), requisito indispensable para abrir las licitaciones. Esta situación podría llevar a suspender el tránsito por importantes corredores viales, como el cruce por el túnel de La Línea, cuyo contrato vence el próximo mes de marzo. En ese caso, el túnel tendría que cerrarse”, señaló la Cámara Colombiana de Infraestructura.
Frente a esto, Uriel Orjuela, presidente de la veeduría del proyecto Cruce de la Cordillera Central, manifestó su preocupación, pues el contrato de operación y mantenimiento para un corredor vial tan importante como lo es el Túnel de La Línea pronto se terminará.
“De manera respetuosa se hace el llamado al Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Vías para que se hagan los esfuerzos necesarios en cuanto a garantizar la operación. El tramo entre Cajamarca -Calarcá es un corredor muy especial consta de 26 túneles, 32 viaductos más la carretera, donde se tienen sitios críticos que obligan a un constante mantenimiento”, añadió Orjuela.
Finalmente, Caicedo indico que la no corrección de los yerros del Decreto de Liquidación del Presupuesto asignado al sector transporte, pone en jaque proyectos estratégicos como la primera línea del Metro de Bogotá y la operación del túnel de La Línea.
“No honrar el compromiso soberano de las vigencias futuras atenta contra la seguridad jurídica y la confianza inversionista, sin duda alguna, el activo más preciado consolidado por el país en los últimos 30 años. La omisión del Gobierno nacional ya está afectando miles de empleos”.
