Este jueves 14 de julio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha condenado al Estado colombiano, por lo sucedido el 31 de marzo de 2017 en el municipio de Mocoa, Putumayo.
En el hecho, más de 1.300 personas resultaron damnificadas y otras 344 fallecieron, como consecuencia del desbordamiento de tres ríos que causó la avalancha.
Esta decisión se da posterior a una demanda presentada en 2019, donde se solicitaba la reparación directa por esta tragedia en contra de la Nación, al Ministerio del Interior, al Departamento de la Presidencia de la República, a la Unidad para la Gestión del Riesgo, al departamento de Putumayo y el municipio de Mocoa.
De acuerdo con el Tribunal, “existía el conocimiento generalizado de la vulnerabilidad y predisposición de la zona ante estos fenómenos naturales. Por eso, la UNGRD presentó informe técnico en el que expuso que el desastre sí era previsible, pero tenía características de imprevisible a irresistible. No se sabe el momento exacto en el que ocurrirá, pero sí la vulnerabilidad de la zona”.
De esta manera, la demanda exige a las entidades mencionadas a subsanar, con cerca de 35 y los 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a 86 personas, que conforman a 10 grupos familiares de las victimas mortales (padres, madres, hermanos, hijos, esposos, primos, tíos, nietos, suegros, cuñados, nueras y yernos).
“Se ha condenado la desidia de las entidades demandadas ante la falta de ejecución de actividades tendientes a salvaguardar la vida de los habitantes de las áreas amenazadas por los distintos eventos naturales”, indica el documento.
