La Contraloría General de la República lanzó una advertencia sobre el ritmo de contratación del Gobierno Nacional durante las cuatro semanas posteriores al levantamiento de la Ley de Garantías, al identificar compromisos por cerca de $4,55 billones en nuevos contratos suscritos entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026.
De acuerdo con el informe de seguimiento presentado por el organismo de control, las entidades del Gobierno Nacional Central celebraron 14.414 contratos durante ese periodo, una cifra que representa un incremento del 22,5 % frente al mismo lapso registrado hace cuatro años.
La Contraloría indicó que esta dinámica contractual se presentó en un momento en el que el Ejecutivo enfrenta presiones de caja, rezagos en reservas presupuestales, menores ingresos frente a las metas proyectadas y necesidades adicionales de financiación, por lo que advirtió que cada nuevo compromiso debe contar con respaldo presupuestal y sostenibilidad fiscal.
“El informe muestra una intensa dinámica contractual durante el periodo analizado, caracterizada por una alta concentración de recursos en contratos de obra pública y de prestación de servicios”, señaló el ente de control, que pidió mantener vigilancia sobre la planeación financiera, la ejecución y la supervisión de los contratos.
Uno de los puntos que más llamó la atención de la Contraloría fue el crecimiento de la contratación directa, modalidad mediante la cual se habrían celebrado más de 11.000 contratos durante las cuatro semanas analizadas. Para el organismo, este comportamiento requiere seguimiento permanente debido a los riesgos asociados a la concentración de recursos y la menor competencia en los procesos.
La entidad identificó siete factores de riesgo relacionados con la sostenibilidad fiscal y la eficiencia del gasto público, entre ellos la insuficiente planeación financiera en contratos de alta cuantía, el aumento de la contratación directa, la concentración contractual y posibles dificultades en el control de la ejecución de los proyectos.
Además, la Contraloría señaló posibles riesgos contractuales y presupuestales en entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior, por lo que activó una función de advertencia, mecanismo mediante el cual busca prevenir que estas situaciones puedan afectar los recursos públicos.
El organismo recordó que asumir nuevos compromisos financieros sin una fuente clara de financiación, disponibilidad efectiva de recursos y respaldo presupuestal podría aumentar las presiones sobre las finanzas del Estado, elevar las necesidades de endeudamiento y generar una eventual afectación al patrimonio público.
La advertencia se conoce luego de que finalizara la restricción de la Ley de Garantías, una medida que limita la contratación estatal durante periodos electorales para evitar posibles ventajas administrativas o uso indebido de recursos públicos.
La Contraloría reiteró que continuará realizando seguimiento a la contratación pública durante los próximos meses, con el objetivo de verificar que los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional respondan a una adecuada planeación y tengan capacidad real de ejecución.
