En un comunicado conjunto, las partes aseguraron que se ha avanzado en la presentación de una visión general sobre cómo otorgar garantías políticas a la oposición, como elemento esencial para lograr un acuerdo final que contribuya a sentar las bases de una paz estable y duradera. En este sentido, durante el ciclo hubo intercambio de propuestas sobre los derechos a establecer para los nuevos movimientos que surjan del acuerdo final y se escucharon los conceptos de dos expertos en el tema.
La ronda 12 de conversaciones comenzará el próximo 22 de julio. La delegación del Gobierno, que lidera Humberto de la Calle, regresará al país para rendir informes y hacer nuevas consultas, en un ambiente caldeado por las protestas campesinas en el Catatumbo y los anuncios de paro por parte de algunos sectores agrarios. Organismos de seguridad del Estado han advertido que las Farc estarían detrás de este tipo de movilizaciones, mientras que el ministro del Interior, Fernando Carrillo, habló también del aprovechamiento electoral que sectores de derecha le querían dar al asunto.
Ayer se conoció también una carta de Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, máximo líder de las Farc, dirigida al presidente Juan Manuel Santos, en la que lo invita a cambiar la democracia colombiana, que en su concepto, “está agotada” y “es una vergüenza”. Según el jefe guerrillero, por encima de las divergencias de opinión y enfoque, una ojeada a la prensa nacional permite formarse una idea del país en el que vivimos: “La terminación del conflicto y la paz no van a ser producto de conciliábulos entre Gobierno y guerrillas en el exterior, sino el producto de profundas transformaciones en la vida colombiana. Definitivamente, el modelo de democracia que defiende la oligarquía de este país, no va más”, dice la misiva.
Otra arista en el espinoso asunto del proceso de paz la tuvo el fiscal general Eduardo Montealegre, quien en repetidas ocasiones ha abierto la puerta para la participación política de los jefes guerrilleros, diciendo incluso que en la actualidad no existe ninguna condena contra un miembro del Secretariado de las Farc por delitos de lesa humanidad. Montealegre cree ahora que de acuerdo con los avances que tiene la Fiscalía en estas investigaciones ve “cada vez más lejana la posibilidad de que el Secretariado y los dirigentes de las Farc, si eventualmente resultan condenados, puedan participar en política”. Montealegre considera, sin embargo, que hay que darle una salida negociada al conflicto y que se debe pensar en abrir la participación en política pero “con límites”.
Precisamente, en declaraciones también ayer a la prensa desde La Habana, el jefe negociador de la guerrilla, Iván Márquez, declaró que las Farc sienten “profundamente el dolor de las víctimas” del conflicto armado y creen en la “urgencia de establecer la responsabilidad histórica” sobre esos hechos. Y por eso, señaló que insistirán en que se integre “un grupo de juristas nacionales e internacionales, que con el conjunto de las comunidades, estudien los alcances de la responsabilidad del Estado por lo acontecido durante las últimas décadas de conflicto interno”, sin llegar a mencionar la responsabilidad del grupo guerrillero.
FUENTE: ELESPECTADOR.COM/ Redacción Política
