El Gobierno nacional ha emitido un decreto que elimina los subsidios al ACPM para grandes consumidores de combustible, aquellos que consumen en promedio más de 20.000 galones al mes, y que usualmente cuentan con una logística propia de abastecimiento.
A partir del 8 de agosto, estas compañías deberán pagar al productor el precio de paridad internacional, elevando el costo del galón de ACPM de aproximadamente 9.500 pesos a cerca de 16.000 pesos. Esta medida, según el Ministerio de Hacienda, permitirá un ahorro mensual de 50.000 millones de pesos, alcanzando un total de 600.000 millones de pesos al año.
El Decreto 763, regula específicamente el precio del diésel para grandes consumidores como empresas petroleras, mineras y cementeras, sin afectar el precio que pagan los consumidores en las estaciones de servicio para tanquear vehículos de carga y otros automotores. Sin embargo, el gobierno planea aumentar estos precios en el futuro como parte de una estrategia más amplia.
“El Gobierno avanzará decididamente en el cierre del diferencial del diésel en el corto plazo. Estas decisiones constituirán logros importantes en materia de equidad, incentivos para la transición energética y eficiencia del gasto fiscal,” afirmó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el documento del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Se estima que el subsidio al precio del diésel podría sumar unos 12 billones de pesos este año, y la intención es reducir esta cifra.
A pesar de múltiples mesas de trabajo entre el Gobierno y los transportadores de carga para alcanzar un consenso, no se ha llegado a un acuerdo, lo que ha llevado a varios anuncios de movilizaciones y protestas por parte de los transportadores.
El incremento en los precios del ACPM se oficializó este lunes 24 de junio con la publicación del decreto, que establece un mecanismo diferencial de estabilización de precios tanto para la Gasolina Motor Corriente (GMC) como para el Aceite Combustible para Motores (ACPM). Este cambio, dirigido a los grandes consumidores, no aplicará a estaciones de servicio ni distribuidores minoristas, y busca alinear los precios internos con los del mercado internacional.
La decisión, anunciada hace más de un año por el Gobierno Petro y confirmada recientemente en la Convención Bancaria, se toma en un contexto de apretón fiscal debido al desplome del recaudo tributario.
