Concierto para delinquir con fines de estafa agravada en modalidad de delito masa, urbanización ilegal, captación masiva e ilegal, falsedad material en documento público, gestión indebida de recursos sociales y administración desleal fueron los delitos que la Fiscalía le endilgó a Joan Steven García Puerta, líder social de Pereira.
Junto a García Puerta fueron judicializadas otras cinco personas quienes, según las investigaciones del CTI de la Fiscalía estarían relacionadas con la constitución de fundaciones a través de las cuales ofrecían a sus futuras víctimas, por lo general población vulnerable y de escasos recursos, la posibilidad de adquirir vivienda de interés social.
La figura de García Puerta frente a la comunidad era uno de los ganchos para generar credibilidad y confianza en víctimas.
Las indagaciones por parte de los expertos de la Fiscalía permitieron establecer que en la Dirección Seccional Risaralda existían más de 20 denuncias contra los capturados; entre ellas, una de la Unidad Nacional de Víctimas en la que se ponía en conocimiento que los recursos que eran entregados a víctimas del conflicto armado habrían sido usados para adquirir viviendas en lotes no urbanizables.
Los proyectos de vivienda
La investigación determinó que entre los años 2015 y 2018 los capturados habrían estafado al menos a 150 familias que les entregaron sus ahorros para la compra de vivienda.
Según se precisa, los dineros eran captados por medio de las empresas: Construyendo Futuro, Asovipaz y Grupo Empresarial Constructor Siat SAS, presididas por García Puerta, quien junto a sus colaboradores les solicitaron a las víctimas suscribir un contrato de compraventa, además del pago de cuotas que oscilaban entre 96.000 y 180.000 pesos, con la cual supuestamente aseguraban la adquisición de sus viviendas en 180 días después del pago de la última cuota pactada.
Los lotes ofrecidos eran propiedad de terceros por lo que no contaban con los permisos para su comercialización. Además, se determinó que en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) dichos predios no eran urbanizables por no contar con acceso a servicios públicos domiciliarios.
La juez Tercera Penal Municipal con función de control de garantías impuso a cinco de los procesados medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que a Alcibíades Utima Trejos le otorgó libertad, aunque continuará vinculado a la investigación.
Los imputados son:
- Joan Steven García Puerta (líder social en Pereira)
- Ligia Puerta González (miembro de la Junta Directiva de las Entidades sin ánimo de lucro)
- Mario Alfonso García Moreno (Representante legal de una de las entidades sin ánimo de lucro)
- Verónica Atehortua Puerta (miembro de la Junta Directiva)
- Zoraida Hernández Ortiz (Secretaría de la Organización)
- Alcibíades Utima Trejos (Contador)
La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por considerarla de interés general.
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