La Administración Municipal pidió a las personas que no resultaron afectadas por la emergencia abstenerse de reclamar o recibir estos elementos, con el propósito de garantizar que los recursos y donaciones lleguen a quienes realmente enfrentan necesidades derivadas del desastre.
La Alcaldía recordó además que las ayudas humanitarias de emergencia son de distribución gratuita y no pueden ser vendidas, comercializadas o utilizadas para obtener beneficios económicos. La advertencia busca evitar que elementos entregados para atender la emergencia terminen siendo revendidos o utilizados con fines diferentes a los establecidos.
De acuerdo con la Administración Municipal, este tipo de conductas puede tener implicaciones penales y estar relacionada con lo establecido en el artículo 403A del Código Penal Colombiano, referente al fraude a subvención. La norma contempla, según las condiciones del caso, penas de cinco a nueve años de prisión y multas de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El llamado también está dirigido a quienes participan en las jornadas de distribución para que mantengan los criterios de transparencia y priorización establecidos. La Administración recordó que cada ayuda representa un esfuerzo institucional y, al mismo tiempo, un gesto de solidaridad de personas y organizaciones de diferentes lugares del país que han aportado para acompañar a las familias afectadas.
Por esta razón, la Alcaldía reiteró la importancia de actuar con honestidad y responsabilidad durante el proceso de atención de la emergencia. El objetivo es que las ayudas permanezcan en manos de quienes realmente las necesitan y contribuyan a aliviar las condiciones de las familias damnificadas por el terremoto.
