La muerte de un perrito llamado “Tigre”, abatido durante un procedimiento policial en el municipio de Rionegro, abrió una investigación disciplinaria dentro de la Policía Nacional de Colombia para esclarecer el uso de la fuerza por parte de un uniformado en medio de una intervención oficial.
Los hechos ocurrieron este 11 de mayo en el sector de “La Convención”, en el casco urbano del municipio, cuando patrulleros adelantaban un procedimiento contra un hombre en condición de calle que portaba un machete y que, según versiones preliminares, habría sido reportado por comportamientos intimidantes en la zona.
Durante la intervención, el canino -que pertenecía al ciudadano requerido- reaccionó mordiendo a uno de los uniformados en una de sus piernas. En respuesta, el policía accionó su arma de dotación, causando la muerte inmediata del animal.
El hecho fue presenciado por habitantes del sector, quienes reaccionaron ante lo ocurrido en medio del procedimiento, mientras el orden público se vio alterado tras la intervención.
El coronel Luis Fernando Muñoz confirmó que la institución abrió una investigación disciplinaria para establecer las circunstancias del caso y determinar si el uniformado actuó conforme a los protocolos establecidos.
“El procedimiento será evaluado bajo el debido proceso y de acuerdo con lo establecido por la ley”, indicó el oficial, quien además señaló que el patrullero involucrado fue atendido médicamente tras las lesiones provocadas por la mordedura del animal.
De acuerdo con la información oficial, la institución también analizará si hubo uso proporcional y racional de la fuerza durante la actuación policial, mientras avanza el proceso interno.
El caso se enmarca en la aplicación de la Ley 2455 de 2025, normativa que endurece las sanciones por maltrato animal y establece consecuencias penales para quienes causen la muerte de un animal, dependiendo de la valoración del hecho por parte de las autoridades judiciales.
Según el marco legal vigente, las investigaciones deberán determinar si existió legítima defensa o una posible extralimitación en el procedimiento, lo que podría derivar en sanciones penales, económicas e inhabilidades para el servidor público implicado.
Tras lo ocurrido, la Alcaldía de Rionegro expresó su rechazo al hecho y pidió la intervención de los organismos de control para esclarecer las circunstancias del caso y revisar el actuar de la fuerza pública durante la intervención.
