La Procuraduría General de la Nación abrió pliego de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro y exdiputado del Atlántico, por presunto incremento patrimonial injustificado durante 2022. El ente de control aseguró que el proceso entra ahora en etapa de juzgamiento disciplinario.
De acuerdo con el expediente, los ingresos que Nicolás Petro registró como diputado —aproximadamente $219 millones— contrastan con los montos que movió en sus cuentas, que superarían los $1.400 millones, lo que representaría un aumento de su patrimonio que no tiene justificación con sus recursos formales.
El auto de 56 páginas, firmado por el procurador regional (e) Javier Enrique Bolaño, sostiene que existen pruebas objetivas que demuestran la existencia de una falta disciplinaria catalogada como gravísima. Dentro del proceso fueron clave los testimonios de Day Vásquez, expareja del exdiputado, y de César Vásquez, su tío, quienes habrían señalado maniobras para ocultar la compra de bienes y así pasar desapercibidos.
Según el ente de control, Nicolás Petro se habría beneficiado de recursos entregados por empresarios como Gabriel Hilsaca y Samuel Santander Lopesierra, alias el Hombre Marlboro. Este último negó haber apoyado la campaña de Petro Presidente, mientras que Hilsaca reconoció haber entregado $400 millones en abril de 2023, en dos pagos de $200 millones, en el Edificio Balcones del Parque en Barranquilla.
El llamado a juicio disciplinario se suma a otros procesos que ya enfrenta Nicolás Petro ante la Fiscalía General de la Nación, entre ellos uno por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, donde se le acusa de haber recibido en 2022 alrededor de $1.054 millones sin justificación de origen. Además, está vinculado a una investigación por presuntas irregularidades en contratos a través de la Fundación Conciencia Social.
La Procuraduría recalcó que, pese a la gravedad de los señalamientos, garantizará el respeto al debido proceso y al derecho a la defensa. Sin embargo, el caso no solo avanza en los estrados judiciales, sino que también tiene un fuerte impacto político, pues, aunque no compromete directamente al presidente, alimenta la controversia en torno a su familia y al círculo cercano del mandatario.
