Iván Márquez, jefe de la delegación de las Farc en La Habana declaró, en entrevista con Noticias Uno: “Para los guerrilleros, cero cárcel”. El cabecilla de este grupo armado insistió en que ninguno de los insurgentes irá a prisión.
Márquez reiteró lo que ha sido una posición firme de las Farc desde el inicio de los diálogos alegando que “ningún proceso de paz en el mundo ha terminado con los líderes de la insurgencia tras las rejas”.
El líder guerrillero enfatizó que, de firmase la paz, la insurgencia no entregaría las armas. “Nosotros hablamos en la agenda de una dejación de las armas”, dijo. También expresó reservas ante los modelos de justicia transicional propuestos por el Gobierno al considerar que son “una opción unilateral”.
“Si no tenemos una Asamblea Nacional Constituyente el Gobierno no podría promover las transformaciones estructurales que requiere la paz”, finalizó.
Estas declaraciones surgen en un momento crucial para el proceso de paz en que Estados Unidos ha reiterado su apoyo a las negociaciones en La Habana.
El Procurador Alejando Ordóñez cuestionó este interés del país anglosajón, al preguntar si EE.UU “estaría dispuesto a renunciar a las solicitudes de extradición contra los cabecillas de las Farc por delitos relacionados con el narcotráfico”.
“EE.UU. tiene interés en que la paz en Colombia quede bien hecha, pero sobre todo que los acuerdos se traduzcan en el desmantelamiento de las Farc como cartel del narcotráfico”, dijo Ordoñez.
Para Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Proceso de Paz de la Universidad Nacional, “es entendible” que las Farc aspiren a no pagar cárcel, ya que “es su postura para entrar a negociar”.
“Hay que entender que la pena cumple unas funciones simbólicas importantes de rehabilitación. Hay muchos tipos de pena que no necesariamente requieren la cárcel”, dijo.
Vargas enfatizó en que la tarea del Gobierno consiste en “buscar fórmulas que permitan tener penas alternativas sin caer en la impunidad”.
Por su parte Arturo Gálvez, director del programa de Ciencia Política de la Universidad Autónoma del Caribe, considera que “el Gobierno debe responder sobre cuál es el modelo de justicia que se está negociando en La Habana. Mientras no tengamos claridad en eso, toda propuesta o comentario será especulación.”
Gálvez recordó que cuando Colombia firmó el tratado de Roma, por el cual se constituye la Corte Penal Internacional, el Gobierno de Pastrana, que se encontraba en medio de una negociación con las Farc, hizo la salvedad que “siempre y cuando la justicia colombiana utilice un modelo que no exonere totalmente de la pena, tendría autonomía para impartir justicia transicional, sin injerencia de la Corte Penal Internacional”.
Finalizó haciendo una precisión con respecto al significado de entrega y dejación de las armas: “Es un juego semántico en que las Farc se rehúsan a utilizar el término ‘entrega’ porque simboliza una derrota o rendición, por lo tanto prefieren el término ‘dejación’ que simboliza un acuerdo entre las partes de silenciar los fusiles”.
