El alcalde de Armenia, James Padilla García, busca extender por diez años más el contrato del alumbrado público con la empresa Ingeniería, Suministros, Montajes y Construcciones (ISM-SAS), la misma que fue seleccionada en 2014 por la exalcaldesa Luz Piedad Valencia Franco, quien posteriormente fue condenada por corrupción. Esta decisión ha generado críticas entre sectores políticos y ciudadanos, quienes cuestionan la pertinencia de seguir entregando un recurso público a manos privadas.
El proyecto 044, que busca materializar esta extensión, ya superó el primer debate en el Concejo Municipal. Las comisiones de Plan y Presupuesto dieron su visto bueno el pasado lunes 10 de diciembre. En la Comisión de Plan, cinco concejales votaron a favor de la iniciativa: Álvaro Jiménez Giraldo, Juan Diego Palacio, Francis Javier Rodríguez Blandón, Richard Alexis Gutiérrez y Jhonny Leandro Vargas Sánchez. Por su parte, Germán Grisales y Edwin Luna fueron los únicos que se opusieron. En la Comisión de Presupuesto, seis concejales aprobaron el proyecto: Ulises Uribe Puentes, Luis Fernando Lasprilla Muñoz, John Edison Echavarría Barreto, Cristhian Camilo Fernández Morales, Hooverney Correa Cuellar y Michel Vallejo Aristizábal. Solo Felipe Villamil votó en contra.
El contrato incluye la modernización del sistema de alumbrado público con luminarias LED y la ampliación de su cobertura. La inversión total asciende a 55,777 millones de pesos, de los cuales el municipio asumiría 5,247 millones. Este punto ha generado controversia, ya que ISM-SAS ha administrado el impuesto de alumbrado público durante la última década, recibiendo ingresos significativos por este concepto. Para financiar las nuevas obras, el Concejo aprobó un incremento del 6% en las tarifas del impuesto para los sectores comercial y empresarial, mientras que las tarifas residenciales se mantienen sin cambios. Según el secretario de Hacienda, Yéison Pérez, la medida busca equilibrar los ingresos y garantizar las inversiones necesarias, aunque esto no ha convencido a todos los sectores.
El concejal Felipe Villamil expresó su desacuerdo, argumentando que el modelo financiero afectará a comerciantes y empresarios, quienes ya enfrentan dificultades económicas. Su posición es compartida por un sector de la ciudadanía que rechaza la prolongación del contrato con ISM-SAS. Entre las voces críticas, el abogado y líder social Jefferson Steven Perdomo, conocido como Reportero Steven, calificó la concesión como un “ataque al bolsillo de los ciudadanos” y recordó que la actual administración había prometido no privatizar servicios públicos durante la campaña.
El malestar ciudadano se agudiza al considerar que la empresa beneficiada estuvo vinculada al mandato de Luz Piedad Valencia Franco, cuya gestión terminó en escándalos de corrupción. La repetición de este modelo de concesión despierta dudas sobre la transparencia del proceso y la priorización de los intereses de la comunidad. Para algunos líderes sociales, la concesión del alumbrado público, sumada a otros proyectos como la privatización de servicios de tránsito y la instalación de fotomultas, evidencia un enfoque que contradice las promesas de campaña del alcalde Padilla.
Aún queda pendiente la votación en plenaria para la aprobación final del proyecto. La fecha de esta sesión no ha sido definida, y existe la posibilidad de que el alcalde convoque sesiones extraordinarias antes de finalizar el año para resolver este tema. Entretanto, el debate sigue encendido, dejando en evidencia las tensiones entre las decisiones de la administración, las posturas del Concejo y las expectativas de la ciudadanía.
