A solicitud de la empresa estadounidense Sea Search Armada (SSA) no se podría adelantar cualquier contrato para rescatar la embarcación española.
Luego de una apelación de la empresa de cazatesoros estadounidense Sea Search Armada (SSA), el Tribunal Superior de Barranquilla ordenó embargar los tesoros del Galeón San José; es decir, ratifica que el 50% de la carga hundida de la embarcación española les pertenece, por lo que no se podría adelantar ningún contrato para su rescate.
El Gobierno de Colombia dice que defenderá la propiedad de los restos del navío hundido en el siglo XVIII.
El fallo revoca una determinación de octubre de 2017 y mantiene la medida cautelar de secuestro decretada hace 25 años, en la que un juez de Barranquilla determinó en 1994 que el tesoro del navío hundida por buques ingleses cerca de Cartagena -en el Caribe colombiano- en 1708 pertenecía en un 50% a Colombia y el otro 50% a la compañía estadounidense.
Ello, luego de que en 1989 SSA reclamara el 100% de los bienes en calidad de tesoros que se encontraran dentro de las coordenadas marítimas que habían sido designadas en un reporte confidencial de 1982. Pero como el hallazgo del galeón fue en diciembre de 2015, según el anuncio del ex presidente Juan Manuel Santos, se adelantó entonces un proceso de licitación con empresas extranjeras para extraer los restos del fondo del mar.
Desde entonces empezó la polémica porque la licitación preveía que parte de lo que se extraiga de la carga del naufragio, que incluye cañones de bronce, piezas de cerámica, oro, plata y esmeraldas avaluadas en USD 1.500 millones, quedaría en manos de la empresa, como parte de su pago por el trabajo. El gobierno español está tras el tesoro y hasta indígenas de Perú y Ecuador quisieron reclamar parte de este por haber sido robado de sus comunidades.
La nueva situación es otro revés para Colombia. El tribunal precisa que se “revoca el auto de fecha 31 de octubre de 2017 proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla dentro del proceso verbal”, en la que se levantó “la medida cautelar de secuestro dentro del proceso”. La respuesta a la apelación se da luego de la postergación del gobierno actual de la contratación de la empresa que recuperaría el galeón, cuyo plazo venció el pasado 10 de marzo.
Y es que antes del anuncio de que el galeón San José permanecía en aguas profundas colombianas, el anterior gobierno de Santos ya había iniciado un proceso de contratación con la compañía británica Maritime Archaeology Consultants Ltd (MAC) -controlada desde las Islas Caimán, para el rescate y reparto del navío. Pero la administración de Iván Duque decidió revisar los trámites tras las innumerables críticas que suscitó la situación, sobre todo en el gremio académico y de arqueólogos.
En su momento, la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez afirmó que estaban trabajando en encontrar “las mejores fórmulas legales para encontrar una que permita que todas las piezas que se recuperen del galeón permanezcan en Colombia, como patrimonio de todos los colombianos”. Ahora, tras el nuevo fallo en Barranquilla, advirtió nuevamente que el gobierno no permitirá que el tesoro del galeón quede en manos de cazatesoros.
“Nuestra historia y el legado de nuestros antepasados no terminará convertido en bienes para negociar por anticuarios, coleccionistas, ni cazatesoros del mundo entero (…) la Constitución impone el compromiso de defender el patrimonio de todos los colombianos y el Gobierno del presidente Iván Duque no ahorrará esfuerzos en esta labor”, expresó Ramírez.
Para ello se refugia en la Ley 1675 del 30 de julio de 2013, que tiene por objeto “proteger, visibilizar y recuperar el Patrimonio Cultural Sumergido”, según la cual pertenece a Colombia todos los restos que se encuentren en sus límites marítimos, incluyendo naufragios sea cual sea la causa de su inmersión y cualquiera que sea su naturaleza y estado.
Sin embargo, esta misma ley permite la posibilidad de una alianza público-privada para que empresas cazatesoros recuperen naufragios obteniendo el 50% de los extraido. Pues los lingotes y monedas que se extraigan pueden ser declarados como no patrimonio por el criterio de estas compañías al estar “muy repetidos; es decir, que hay muchos”.
Con información de Infobae y diario ABC.
