El Gobierno de Colombia reglamentó la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025) y puso en marcha la Ruta Nacional de Atención al Maltrato Animal, una estrategia que busca establecer procedimientos claros para que las autoridades respondan de manera oportuna ante denuncias de violencia y crueldad contra los animales.
La medida fue anunciada por el vocero oficial Miller Soto y articula a alcaldías, Inspecciones de Convivencia y Paz, Policía, Fiscalía General de la Nación y demás entidades competentes, con el propósito de definir responsabilidades, mejorar la coordinación institucional y evitar demoras en la atención de los casos.
Uno de los principales cambios está relacionado con la valoración de las situaciones de maltrato. Las autoridades no tendrán que esperar a que un animal presente heridas o lesiones visibles para intervenir, pues también deberán considerar señales de dolor, miedo, estrés o sufrimiento como elementos para determinar una posible afectación a su bienestar.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona Hincapié, destacó que la reglamentación convierte en acciones concretas lo establecido en la Ley Ángel, iniciativa de la senadora Andrea Padilla Villarraga. “Prometimos proteger a los animales y estamos cumpliendo”, manifestó el funcionario, al señalar que la norma busca que cada caso de crueldad tenga una respuesta efectiva.
La nueva ruta contempla tres niveles de atención: inmediata, prioritaria y seguimiento preventivo, con el fin de establecer una mayor prelación para aquellas situaciones en las que la vida, la integridad o el bienestar de un animal se encuentren en mayor riesgo. A partir de estos lineamientos, los municipios y distritos deberán adoptar sus propias rutas mediante actos administrativos, de acuerdo con las condiciones de cada territorio.
Sensibilización y prevención
La reglamentación también contempla lineamientos para que municipios y distritos desarrollen el Curso de Sensibilización contra el Maltrato Animal, una herramienta orientada a promover comportamientos de respeto y protección, prevenir nuevas conductas de violencia e informar a la ciudadanía sobre las consecuencias penales asociadas al maltrato.
El curso incluirá contenidos relacionados con las conductas sancionadas, el bienestar y comportamiento animal, los factores asociados al maltrato y sus consecuencias. Además, tendrá una metodología participativa que permita generar reflexión y fortalecer una cultura de respeto hacia los animales.
De acuerdo con el Gobierno, estas acciones hacen parte de la Agenda ABC (Agua, Biodiversidad y Comunidades) y buscan fortalecer las capacidades de las entidades territoriales para prevenir, atender y hacer seguimiento a los casos de maltrato animal.
La Presidencia señaló que la reglamentación representa el paso de un compromiso a una política de Estado orientada a garantizar una respuesta institucional frente a la crueldad animal y promover una cultura de protección de la vida en todas sus formas.
