A un mes del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, el presidente Abelardo De La Espriella anunció la firma de 11 decretos destinados a movilizar recursos, fortalecer la capacidad financiera de las regiones y acelerar la recuperación de las zonas afectadas por la emergencia.
La decisión fue adoptada después de un Consejo de Ministros que se extendió durante varias horas y marca, según el Gobierno Nacional, el paso de la atención inmediata de la emergencia hacia una nueva etapa centrada en la recuperación y reconstrucción. Los decretos fueron expedidos el 9 de septiembre bajo el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada tras el sismo.
Entre las principales medidas está la creación del Fondo Patria Milagro, establecido mediante el Decreto 1379 como un instrumento para canalizar y administrar recursos destinados a atender la emergencia y financiar la recuperación de los territorios afectados. El esquema contempla la posibilidad de recibir recursos públicos, aportes privados y donaciones, con mecanismos de administración, trazabilidad y control.
El paquete también contempla 17 medidas financieras, administrativas e institucionales dirigidas a departamentos y municipios, con el propósito de otorgarles liquidez temporal para responder a las necesidades generadas por el terremoto. Además, se habilitó de manera excepcional el acceso a recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), bajo las condiciones establecidas en el decreto de emergencia.
Otra de las decisiones busca garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica en las zonas donde la infraestructura o la operación resultaron afectadas. Para ello, el Gobierno autorizó temporalmente la destinación de recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes), con el objetivo de mantener un servicio considerado fundamental para los hogares, hospitales, comunicaciones y actividades económicas.
Los decretos también incorporan una modalidad especial de Obras por Impuestos, mediante la cual el sector privado podrá contribuir a la ejecución de proyectos relacionados con la reconstrucción. La medida busca acelerar intervenciones en infraestructura, viviendas, vías, colegios, hospitales, sistemas de agua y energía, articulando recursos y capacidad de ejecución entre el Estado, las regiones y las empresas.
Dentro del paquete se incluyeron además las llamadas inversiones interjurisdiccionales, que permitirán temporalmente que una entidad territorial cofinancie proyectos de inversión que se desarrollen fuera de su propia jurisdicción. El Gobierno también estableció un régimen excepcional y temporal para el manejo de información reservada del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), con el propósito de fortalecer la identificación de necesidades y orientar las acciones de recuperación.
La educación también hace parte de las medidas. Se permitirá temporalmente que las actividades académicas puedan desarrollarse en espacios diferentes a las sedes oficiales que hayan resultado afectadas, al tiempo que se contemplan mecanismos financieros para garantizar la continuidad de la prestación del servicio educativo en las zonas golpeadas por el terremoto.
“Hoy hemos dado un paso fundamental para pasar de la atención inmediata de la emergencia a la recuperación y reconstrucción de nuestro país”, afirmó el presidente De La Espriella al presentar las decisiones. El mandatario insistió en que el principal desafío ahora será convertir las herramientas habilitadas en soluciones concretas para las familias y territorios afectados.
Con los 11 decretos, el Gobierno busca dotar a las entidades nacionales y territoriales de instrumentos extraordinarios para afrontar una emergencia que dejó afectaciones en diferentes regiones del país. Ahora, el reto será llevar estas disposiciones a la ejecución efectiva de obras, servicios y ayudas para las comunidades que, un mes después del terremoto, todavía esperan recuperar sus viviendas, infraestructura y condiciones de vida.
