La violencia asociada al conflicto armado interno continúa obligando a miles de personas a abandonar sus territorios o a limitar sus desplazamientos. Según el Boletín de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo, durante agosto de 2026 se registraron 11 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 5.976 personas y nueve hechos de confinamiento que restringieron la movilidad de otras 6.201.
Las cifras evidencian que la movilidad humana forzada continúa siendo una problemática que afecta directamente la vida cotidiana de comunidades enteras. En muchos de estos territorios, las familias deben abandonar sus hogares ante situaciones de violencia, mientras otras permanecen en sus comunidades, pero con restricciones para movilizarse, acceder a bienes y servicios o desarrollar normalmente sus actividades.
El panorama acumulado entre enero y agosto también muestra la magnitud del fenómeno. Durante los primeros ocho meses de 2026, la Defensoría documentó 111 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 23.931 personas afectadas. En materia de confinamiento, fueron registrados 63 eventos que limitaron la movilidad de 80.369 personas en diferentes regiones del país.
Por departamentos, Cauca concentró la mayor cantidad de personas afectadas por desplazamiento forzado, con más de 6.700 casos durante el periodo analizado. Le siguieron Norte de Santander, con más de 4.350 personas; Antioquia, con más de 3.150; Nariño, con más de 2.550, y Magdalena, con más de 1.900. En cuanto al confinamiento, Chocó registró la mayor afectación, con 15.641 personas, seguido de Cauca, Putumayo, Caquetá y Bolívar.
El boletín también aborda otra dimensión de la movilidad humana: los movimientos migratorios. Entre enero y agosto de 2026, la Defensoría registró 69.072 personas migrantes en tránsito irregular por Colombia, una cifra que representa una reducción del 39,1 % frente al mismo periodo de 2025, cuando fueron contabilizadas 113.338. La mayoría de estos migrantes procedía de Venezuela, Ecuador, República Dominicana y Perú.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo llamó al Gobierno nacional y a las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas a revisar y ajustar los procedimientos para responder a las emergencias derivadas del desplazamiento y el confinamiento. La entidad advierte sobre la necesidad de reducir las barreras administrativas que pueden retrasar la atención y garantizar que la respuesta institucional priorice la urgencia humanitaria y los derechos de las comunidades afectadas.
