El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Fabián Blanco, reveló que el esquema de seguridad de Juliana Guerrero tuvo un costo de $739 millones entre marzo de 2025 y septiembre de 2026. Durante el mismo debate de control político, también entregó detalles sobre la protección de Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’.
El dato sobre Guerrero fue presentado el martes 29 de septiembre ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, durante un debate de control político sobre el funcionamiento de la UNP y los recursos destinados a los esquemas de protección. Según la información entregada por Blanco, la protección de la exfuncionaria representó un costo de $739 millones durante cerca de 18 meses, antes de que las medidas fueran retiradas por la entidad el pasado 11 de septiembre.
El caso de Guerrero había adquirido relevancia pública por la controversia relacionada con los títulos académicos que presentó para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes. Posteriormente, reconoció su responsabilidad y aceptó cargos por fraude procesal; mediante un preacuerdo con la Fiscalía, recibió una condena de tres años de prisión, con suspensión condicional de la pena, según los reportes sobre el proceso.
Durante la misma sesión, Blanco se refirió al esquema de seguridad de Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, actual presidente del partido Comunes y firmante del Acuerdo de Paz de 2016. De acuerdo con el funcionario, Londoño cuenta actualmente con seis vehículos blindados y 16 hombres de protección, y había solicitado una ampliación de estas medidas.
La solicitud, sin embargo, fue sometida al estudio correspondiente y la UNP determinó que no procedía aumentar el esquema. Blanco explicó que los firmantes del proceso de paz tienen una condición particular en materia de protección y señaló que existen obligaciones internacionales relacionadas con estas medidas, haciendo referencia a la vigilancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El director de la UNP también explicó ante los congresistas que no todos los esquemas tienen la misma composición, pues las medidas se determinan de acuerdo con las evaluaciones de riesgo y pueden ir desde apoyos básicos hasta dispositivos de mayor complejidad. La entidad, según lo expuesto durante el debate, tiene actualmente alrededor de 12.000 personas protegidas en todo el país.
La discusión también puso el foco en la administración de los recursos de la UNP y en la revisión de los esquemas asignados a exfuncionarios. Blanco señaló, además, que algunos excongresistas, exministros y exfuncionarios que dejaron sus cargos todavía no habían entregado los vehículos asignados dentro de sus esquemas, un asunto que la entidad viene revisando como parte de los ajustes implementados
