El país atraviesa un momento delicado. Este año, Colombia volvió a estremecerse con un hecho que marcó un límite doloroso: el atentado y posterior fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, un episodio que reabrió el debate sobre la violencia política y el riesgo que enfrentan quienes participan en la vida pública. Ese antecedente hace que cualquier señal de intimidación en campaña no pueda tratarse como “algo menor” ni como un simple susto.
En el Quindío, la preocupación se instaló tras la denuncia del candidato a la Cámara por el Centro Democrático, Jesús Bedoya, conocido como ‘Chucho’ Bedoya, número 103 en el departamento, quien aseguró haber sido víctima de un acto de persecución e intimidación junto a su equipo de campaña.
De acuerdo con la versión entregada por el aspirante, en la noche del 16 de diciembre, hacia las 8:00 p. m., un sujeto con comportamiento sospechoso los habría seguido mientras les tomaba fotografías de manera insistente y hostil. La situación, según indicó, generó un ambiente de alerta y vulnerabilidad que —en sus palabras— no debería existir en una democracia. Incluso lanzó una pregunta que resume el fondo del asunto: “¿De qué tienen miedo?”.
La denuncia no se quedó en un pronunciamiento público. ‘Chucho’ Bedoya informó que ya radicó denuncia penal ante la Fiscalía y solicitó garantías de protección para él, su familia y su equipo. Su mensaje fue directo: no se puede permitir que la política se ejerza bajo presión, y mucho menos que el miedo se convierta en herramienta para silenciar campañas o limitar la participación.
Lo que vuelve más delicado este episodio es el contexto local. El Quindío no es ajeno a las disputas de poder, a los intereses que se mueven alrededor de la política y a los choques que se intensifican en temporada electoral. Por eso, cuando aparece el hostigamiento —así sea a través del seguimiento, la intimidación psicológica o la sensación de vigilancia— el mensaje que se envía es peligroso: participar cuesta, y opinar puede salir caro.
Esta no es una discusión partidista. Es una alerta democrática. Porque si un candidato se siente perseguido hoy, mañana puede ser cualquier otro, de cualquier movimiento, y al final quien pierde es el ciudadano: se reduce el debate, se empobrece la discusión pública y se condiciona el voto.
El llamado es claro: que se investigue lo ocurrido, que las autoridades activen rutas de prevención y protección, y que se garanticen condiciones reales para hacer campaña sin amenazas, sin sombras y sin miedo. El Quindío no puede normalizar la intimidación. La política debe ganarse con ideas, no con temor.
