Un juez penal de conocimiento de Bogotá avaló el preacuerdo entre Juliana Andrea Guerrero y la Fiscalía y la condenó a tres años de prisión por fraude procesal, pero le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
La decisión judicial se produjo luego de que Guerrero aceptara su responsabilidad por presentar títulos académicos falsos con los que buscó acreditar estudios universitarios para acceder a un cargo en el Gobierno nacional. Por esta razón, no cumplirá la condena en un establecimiento carcelario ni bajo prisión domiciliaria, siempre que cumpla las obligaciones impuestas por el despacho.
Según la Fiscalía, el 3 de septiembre de 2025, Guerrero cargó en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep II) diplomas y actas de grado que acreditaban los títulos de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y profesional en Contaduría Pública, documentos que habrían sido emitidos irregularmente por la Fundación Universitaria San José.
Los documentos fueron presentados ante el Ministerio de la Igualdad con el propósito de acreditar los requisitos para acceder al cargo de viceministra de las Juventudes. Para el juez, el delito se configuró cuando Guerrero incorporó los documentos al sistema, teniendo conocimiento de que no había cumplido los requisitos académicos para obtener dichos títulos.
Como parte del preacuerdo, la Fiscalía modificó el grado de participación atribuido a Guerrero, de autora a cómplice, a cambio de su aceptación de responsabilidad. El juez consideró que la negociación cumplía con los requisitos legales y respetaba las garantías de la procesada.
Aunque no irá a prisión, Guerrero deberá cumplir las condiciones establecidas por el despacho judicial. Entre ellas está el pago de una multa cercana a los $175 millones a favor del Estado y la prohibición de ejercer cargos o funciones públicas durante el periodo establecido en la sentencia.
Durante la audiencia, el juez cuestionó la conducta de Guerrero y señaló que no se trató de un simple error, pues, según su valoración, tenía pleno conocimiento de que los documentos no acreditaban estudios realizados. También resaltó la responsabilidad que implicaba aspirar a un cargo como el de viceministra de las Juventudes.
De esta manera, el proceso judicial contra Juliana Guerrero concluye con una condena de tres años por fraude procesal, pero con la suspensión condicional de la ejecución de la pena. La decisión implica que permanecerá en libertad bajo las condiciones fijadas por la justicia y estará impedida para ejercer funciones públicas durante el periodo determinado en la sentencia.
