El Gobierno Nacional declaró la situación de desastre de carácter nacional en todo el territorio colombiano ante la inminente intensificación del fenómeno de El Niño, mediante el Decreto 0802 del 23 de julio de 2026. La medida tendrá una vigencia de 12 meses y permitirá activar un régimen especial para coordinar acciones de prevención, atención de emergencias y recuperación frente a los impactos climáticos que se prevén para el segundo semestre de este año y comienzos de 2027.
La decisión se fundamenta en los análisis técnicos que advierten una alta probabilidad de fortalecimiento del fenómeno durante los próximos meses. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), existe una probabilidad superior al 95 % de que El Niño se consolide en el segundo semestre de 2026 y cerca de un 63 % de que alcance una intensidad catalogada como “muy fuerte”.
Con la declaratoria, el Ejecutivo busca agilizar la movilización de recursos y facilitar la adopción de medidas extraordinarias para enfrentar los efectos que podrían presentarse sobre el abastecimiento de agua, la seguridad alimentaria, la generación de energía, la salud pública y la atención de emergencias.
Como primera decisión tras la expedición del decreto, el presidente Gustavo Petro ordenó trasladar cuatro billones de pesos del presupuesto nacional a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), recursos que serán destinados a financiar acciones preventivas y de respuesta frente a los posibles desastres asociados al fenómeno climático.
El decreto advierte que las regiones Pacífica, Caribe y Andina podrían registrar una disminución considerable en las lluvias, reducción de los caudales de los ríos y de los niveles de los embalses, además de un incremento en las olas de calor y una alta probabilidad de incendios de cobertura vegetal.
En materia de salud pública, el Gobierno alertó sobre el aumento del riesgo de deshidratación, golpes de calor y la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, el zika y el chikunguña, debido a las condiciones de sequía y las altas temperaturas.
El acto administrativo también señala que, de no adoptarse medidas extraordinarias, la evolución del fenómeno podría generar interrupciones graves y prolongadas en la prestación de servicios públicos esenciales, especialmente en el suministro de energía eléctrica, además de afectar el acceso al agua potable y al saneamiento básico.
La medida también habilita a las entidades nacionales, territoriales, públicas, privadas y comunitarias para implementar acciones técnicas, administrativas y presupuestales bajo la coordinación de la UNGRD, con el fin de reducir los riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta.
El documento advierte que actualmente existen 558 municipios del país con riesgo alto o muy alto de desabastecimiento de agua en un escenario de sequía, de los cuales al menos 111 presentan un riesgo crítico que exige la adopción inmediata de medidas preventivas.
Finalmente, el Gobierno recordó que la gestión del riesgo es una responsabilidad compartida entre las autoridades y la ciudadanía, por lo que hizo un llamado a acatar las disposiciones que se adopten durante la vigencia de la declaratoria para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño y proteger la vida, los recursos naturales y la infraestructura esencial del país.
