El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 717 de 2026, con la que actualiza el marco normativo para el manejo y disposición final de cadáveres en el país, incorporando oficialmente la hidrólisis alcalina como una alternativa a la inhumación y la cremación tradicional.
La nueva normativa establece lineamientos para el manejo, preservación, traslado y destino final de los cuerpos, bajo un enfoque de salud pública y control de riesgos sanitarios. Con esta medida, el proceso deja de ser una práctica mayoritariamente privada y pasa a estar bajo mayor supervisión estatal, involucrando a actores como EPS, IPS, servicios funerarios, cementerios y autoridades sanitarias.
La hidrólisis alcalina, también conocida como “cremación sin fuego”, es un procedimiento químico que acelera la descomposición de los tejidos orgánicos mediante el uso de agua, agentes alcalinos, altas temperaturas y presión. El proceso consiste en introducir el cuerpo en un contenedor de acero inoxidable con una solución compuesta en un 95 % por agua y un 5 % por compuestos como hidróxido de sodio o potasio. Posteriormente, el sistema es sometido a temperaturas superiores a los 170 grados centígrados, logrando la disolución de los tejidos en un tiempo aproximado de tres horas.
Al finalizar, solo permanecen los restos óseos, que son procesados hasta convertirse en cenizas, de manera similar a la cremación convencional. A diferencia de esta última, la hidrólisis alcalina no genera emisiones gaseosas contaminantes, lo que ha sido uno de los principales argumentos a favor de su implementación.
Sin embargo, la medida ha generado debate en distintos sectores. Mientras algunos actores del ámbito funerario, especialmente en regiones como Antioquia, respaldan la técnica por considerarla más sostenible y hasta un 40 % más económica, otros han expresado preocupaciones sobre su impacto ambiental y las posibles implicaciones en procesos de identificación forense.
Cabe recordar que iniciativas similares habían sido previamente rechazadas en el Congreso, lo que ha avivado la discusión sobre el alcance de esta reglamentación expedida directamente por el Ejecutivo.
La resolución también establece estrictas condiciones de bioseguridad durante todo el proceso, incluyendo el tratamiento adecuado de los residuos líquidos resultantes, con el fin de minimizar riesgos sanitarios y ambientales.
