De acuerdo con Carlos Camargo, Defensor del Pueblo, 12 regiones de Colombia están en riesgo de desplazamiento o confinamiento por causa del operar de grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC,-Clan del Golfo.
En el mes de junio se presentaron 26 movilizaciones forzadas en 12 departamentos, como: Antioquia, Cauca, Córdoba, Chocó, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Vichada. “Nos preocupa que allí persisten situaciones complejas que impiden la superación del fenómeno de desplazamiento forzado masivo”, expresó el Camargo.
Los casos más complejos se han dado en los departamentos del Chocó, donde se reconocieron 5 eventos de desplazamiento forzado masivo y 2 confinamientos de comunidades; mientras que en Risaralda se registraron 2 situaciones de desplazamiento; en Antioquia, 2 de confinamiento; en la región del Cauca, 2 casos de desplazamiento; en Nariño, uno de desplazamiento, y en Vichado 1 más de desplazamiento.
Sin embargo, el órgano constitucional, a través de la Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana, señaló que en el primer semestre de este 2022, las situaciones de desplazamiento forzado en relación con los registrados en el mismo periodo de 2021, indicaron una leve reducción.
Durante los primeros seis meses del año anterior, se presentaron 107 eventos de desplazamiento forzado, que aquejaron a 46.635 personas de 16.212 familias, y durante este 2022, se han dado 92 eventos, con 32.262 personas víctimas de 11.205 familias.
A pesar de la disminución en las cifras de vulneración, es inquietante que aún las personas deban abandonar sus territorios o estar confinadas por causa de los enfrentamientos entre los grupos armados que no dan tregua. Es por esto que, el Defensor del Pueblo indica que desde la entidad, se insta a las diferentes entidades del Estado a trabajar y reforzar los planes de retorno, reubicación y restablecimiento de derechos a las comunidades.
Fuente consultada: Defensoría del Pueblo
