Continúa la polémica por el aumento de las tarifas del acueducto y alcaltarillado por parte de Empresas Públicas del Quindío, EPQ, por lo que ayer jueves en el recinto de la Asamblea Departamental del Quindío se llevó a cabo la sesión de control político a las tarifas de EPQ, que han tenido un alza hasta del 300%. Al lugar asistieron los alcaldes de Quimbaya, La Tebaida y Montenegro, así como el gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio; James Padilla, gerente de EPQ y representantes de la comunidad afectada.
‘Despilfarro de EPQ’
En su intervención el abogado César Alonso Arias, vocero de la comunidad, denunció el despilfarro por parte de EPQ en casos como la adquisición de 800 cartillas por un valor de $480 millones, una fiesta que habría costado $64 millones y un aumento de nómina de $400 millones a más de $1.000 millones.
“Estas tarifas obedecen a tratar de impulsar unas obras para llenar unos huecos financieros del despilfarro que la EPQ ha creado, y en segundo lugar como consecuencia de una política que no corresponde a las necesidades de la población”, comentó Arias.
‘Desobediencia Civil’
El abogado expresó que sino se resuelve esta situación por la vía legal, tendrán que acudir a manifestaciones pacíficas para impulsar una solución efectiva, por lo que están llamando a una desobediencia civil. “Venimos organizando comités de impulso para un paro cívico, si no se nos atiende por la vía legal, realizaremos este paro que nos permite detener las acciones públicas y privadas dentro de un territorio determinado“, dijo.
‘Estamos de acuerdo en que es muy fuerte para la comunidad tener que asumir vía tarifa las obras’ EPQ
Por su parte, Jhon Pérez, asesor de EPQ, expresó que el gobierno debe gestionar los recursos necesarios para que el cobro no se haga vía tarifaria, y que además esta alza se implementó con la aprobación de la junta directiva de la entidad, de la cual hace parte el Gobernador del Quindío.
John Pérez, asesor de EPQ, explicó que el problema radica en un plan de obras que se debe ejecutar de acuerdo a los requerimientos de la autoridad ambiental, ya que hay una deficiencia frente al tratamiento de las aguas residuales, para lo que hay un plan de inversión a 10 años de 102 mil millones de pesos.
‘Estamos de acuerdo en que es muy fuerte para la comunidad tener que asumir vía tarifa las obras, ahí es donde entran las administraciones municipales y el gobierno departamental a mostrar su capacidad de gestión para invertir”, comentó Pérez, como parte de la solución para que las tarifas rebajen.
Soluciones
Piedad Correal Rubiano, defensora del Pueblo, fue enfática en señalas que la solución es buscar fuentes de financiación, ya que no es posible buscar $102.000 millones vía tarifa ‘todos ponen, todos tienen recursos, el problema es que no se habían presentado proyectos para obtenerlos’, indicó la defensora.
Correal Rubiano comentó que ya hay $3.100 millones de pesos que serán aportado por la alcaldía de Quimbaya; $750 millones por el PDA, y la CRQ aportaría $8.000 millones.
‘Con todos estos acuerdos hay una luz, para que de esta manera la CRQ apruebe una modificación a los planes de descontaminación de los municipios sin exigir el certificado de disponibilidad presupuestal, sino que acepte las cartas de intención de todos esos proyectos y así se podrían bajar las tarifas, sino es posible se tendrá que hacer bajo una orden judicial’, concluyó la funcionaria.
