En menos de dos meses, los habitantes de Pijao, en Quindío, tendrían la fecha para ir a las urnas y votar a favor o en contra de la minería en su territorio, así lo dijo el alcalde del municipio, Edison Aldana.
Todos tienen los ojos en este pueblo, ya que es el municipio donde más ha avanzado el trámite luego de que la Corte Constitucional decidió proteger el derecho de sus habitantes de expresar su opinión a través de las urnas frente a los impactos de la actividad minera. Además, en esa sentencia de octubre del año pasado, la Corte advirtió que los entes territoriales sí pueden prohibir la minería.
Varios alcaldes del departamento, como el de Salento, Juan Miguel Galvis, o el de Córdoba, Guillermo Andrés Valencia, quienes hace meses expresaron su intención de convocar a consultas populares, ahora esperan los resultados de este proceso para decidir si convocan o no a votaciones.
Mónica Flórez, directora de la fundación Pijao Cittaslow, quien interpuso la acción de tutela fallada por la Corte y quien le presentó la propuesta de la consulta popular al anterior alcalde, Alberto Peña, dijo que “es el comienzo de una gran batalla que la ciudadanía tiene que dar a largo plazo”.
De otro lado, casi un año después de que el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio, afirmara, durante la I Marcha Carnaval realizada contra la minería en el departamento, que sí convocaría a una consulta popular, ahora el mandatario señaló que esta no es necesaria.
“La consulta (popular) no se necesita, cuando Colombia suscribe el convenio con la Unesco, que declara al Paisaje Cultural Cafetero y al Quindío incluido allí, hay unas cláusulas muy exactas donde el Gobierno se compromete a no desarrollar minería en estos sitios porque, si no, perderíamos esa declaratoria”, sostiene Osorio.
El ambientalista Néstor Ocampo refutó las declaraciones del mandatario. “El gobernador se equivoca políticamente porque hace un año dijo que era necesario y que estaba dispuesto a promover las consultas y ahora dice que no es necesario. Se echó para atrás mientras que hay dos municipios que van avanzando en consultas populares”.
Además, dijo Ocampo, que “se equivoca también porque el Paisaje Cultural Cafetero es apenas una franja del Quindío y los proyectos mineros están es sobre la montaña, algunos contratos de concesión tocan una puntica del paisaje, la amenaza es en la montaña”.
De acuerdo a las cifras de Mónica Flórez, solo en Pijao, hay vigentes 23 títulos mineros que amenazan la vocación agrícola de esta población. En Salento hay 14 y en todo el departamento, según la Agencia Nacional de Minería (ANM), hay 51 títulos vigentes. Sin embargo, el representante a la Cámara por el Quindío, Luciano Grisales señaló que, “el 25 por ciento del departamento está concesionado para minería y otro 25 por ciento está en solicitud”.
