Las viviendas nuevas que se gestionen ante el Gobierno nacional como respuesta al déficit habitacional provocado por el terremoto en el Quindío estarán dirigidas a propietarios que hayan perdido sus casas, según anunció el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya.
Galvis explicó que uno de los criterios que se plantea para acceder a estos proyectos será demostrar legalmente la propiedad del inmueble afectado. “El mensaje es que las viviendas que se darían a través del Gobierno nacional no serán para arrendatarios, ni personas que están en asentamientos subnormales, o lotes con vulnerabilidad”, afirmó. La intención, agregó, es que los beneficiarios sean quienes puedan acreditar, mediante escritura, que perdieron una vivienda que hacía parte de su patrimonio.
La definición de estos criterios ocurre mientras el departamento trabaja en proyectos de vivienda para atender a las familias damnificadas y continúa consolidando información sobre el impacto real del sismo. El propósito es que los nuevos programas permitan responder al déficit habitacional generado por la emergencia y que los beneficios lleguen a quienes efectivamente resultaron afectados.
Uno de los puntos que genera preocupación en la Gobernación es la posibilidad de que personas provenientes de otros departamentos intenten ingresar al Quindío para presentarse como damnificadas y acceder a los programas de vivienda. Galvis recordó lo ocurrido después del terremoto de 1999 y aseguró que las autoridades buscan evitar que una situación similar se repita en medio de la actual emergencia.
Para ello, el gobernador informó que se trabaja de manera articulada con la Policía y el Ejército en los accesos al departamento, además de utilizar las cámaras de seguridad instaladas en el territorio para hacer seguimiento a personas y vehículos que ingresan desde otras regiones. Según explicó, estas acciones hacen parte de una estrategia para fortalecer los mecanismos de control y verificación durante la emergencia.
Mientras avanza la consolidación de los censos y la evaluación de los daños, todavía deberán definirse con precisión los requisitos y procedimientos para acceder a los futuros proyectos habitacionales. Por ahora, la Gobernación sostiene que la prioridad estará en los propietarios que puedan demostrar legalmente la pérdida de su vivienda, con el objetivo de que los recursos destinados a la recuperación permitan reconstruir el patrimonio de las familias directamente afectadas por el terremoto.
