Aunque el texto de la ley no alude literalmente al Marco Jurídico para la Paz o al proceso de negociaciones que el Gobierno Nacional adelanta con las Farc, sí da a entender que la nación norteamericana le está prestando especial atención al desenlace de los diálogos en Cuba y el futuro de los guerrilleros que se reintegren a la sociedad, sí este logra concretarse.
El texto dice que los fondos para Colombia se aprobarán una vez el Departamento de Estado certifique tres cosas, entre ellas que el Gobierno Nacional cumpla “con sus obligaciones internacionales al investigar, enjuiciar y castigar personas responsables de crímenes de lesa humanidad y otras violaciones a los derechos humanos, así como no ofrecer amnistías”.
También plantea que los miembros de las Fuerzas Armadas que estén vinculados a violaciones de derechos humanos y otros crímenes sean procesados solo por la Justicia civil durante la investigación y el enjuiciamiento.
Y, por último, exige que se tomen medidas efectivas para garantizar el desmantelamiento de grupos paramilitares y sus grupos sucesores, así como que se garantice la seguridad de los defensores de los Derechos Humanos, los periodistas y los sindicalistas, más el respeto por los territorios de las comunidades afrodescendientes.
Sin embargo, el embajador ante los Estados Unidos, Luis Carlos Villegas, sostuvo el viernes que los condicionamientos que impuso el Congreso de ese país no aplicarían para Colombia, puesto que el Gobierno Nacional ha dejado claro que en el proceso de paz que se adelanta con las Farc no se ha contemplado la posibilidad de brindar amnistías ni impunidad.
“Esa condición coincide con la posición de nuestro Gobierno y, por lo tanto, no es una restricción que tenga posibilidad de cumplirse”, aseguró Villegas.
El diplomático agregó que el Gobierno Nacional es consciente de que muchos actores, no solamente Estados Unidos, observan con interés los avances de las negociaciones que se llevan a cabo con la guerrilla en La Habana y están muy interesados en que se haga realidad, pero bajo el entendido de que no habrá impunidad.
COLPRENSA
