Después de una extensa jornada de debates y en medio de un trámite legislativo que avanzaba contra el reloj, el Congreso de la República aprobó la Ley de Sometimiento, una iniciativa del Gobierno de Abelardo de la Espriella que establece nuevas condiciones para que integrantes de estructuras criminales se sometan a la justicia a cambio de beneficios judiciales.
La aprobación se concretó durante la noche del martes 3 de noviembre. En el Senado, el proyecto obtuvo 57 votos a favor y 24 en contra, mientras que en la Cámara de Representantes recibió 95 votos positivos y 10 negativos. La corporación acogió el mismo texto aprobado previamente por los senadores, lo que permitió cerrar la discusión legislativa sin introducir una nueva versión del articulado.
La iniciativa busca establecer un mecanismo jurídico para el sometimiento de organizaciones criminales y grupos armados ilegales, con compromisos como entregar las armas y los bienes ilícitos, suministrar información a las autoridades y colaborar con el desmantelamiento de sus estructuras. A diferencia del modelo de la denominada Paz Total, el proyecto no contempla negociaciones políticas ni el reconocimiento de estatus político a estas organizaciones.
¿Qué beneficios contempla la ley?
Uno de los aspectos centrales del proyecto es el tratamiento penal diferenciado, que establece reducciones de hasta el 50 % de las penas para integrantes sin funciones de mando y de hasta el 30 % para quienes hayan ejercido posiciones de liderazgo dentro de las estructuras criminales.
Sin embargo, estos beneficios estarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la norma. Entre ellas se encuentran la entrega de información sobre el funcionamiento de las organizaciones, la colaboración con la justicia y la disposición de los bienes vinculados con actividades ilícitas.
La iniciativa también fija restricciones frente a delitos especialmente sensibles. Quienes tengan una condena en firme por reclutamiento ilícito o utilización de menores de edad no podrán acceder al tratamiento penal diferenciado. Además, para quienes hayan ejercido funciones de mando o tenido una participación determinante en el reclutamiento de menores se estableció una pena mínima de diez años de privación efectiva de la libertad.
No habrá suspensión de capturas ni de extradiciones
Otro de los puntos destacados durante el trámite legislativo es que el sometimiento no implicará la suspensión de órdenes de captura ni de procesos de extradición. Tampoco contempla la devolución de bienes entregados por los integrantes de las organizaciones criminales.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, resumió las condiciones del proyecto al señalar que se mantienen las órdenes de captura y extradición, se exige la entrega de los bienes y se establecen medidas de protección para los menores de edad.
En materia de lavado de activos, uno de los cambios incorporados durante el debate aumentó de uno a seis años el tiempo mínimo de pena que deberá cumplirse para acceder al tratamiento penal diferenciado.
La ley también establece que los departamentos y municipios no tendrán que asumir las cargas económicas derivadas de estos procesos, cuya coordinación estará a cargo del Ministerio de Justicia. Asimismo, las personas que accedan al mecanismo deberán permanecer en centros de reclusión administrados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Un cambio frente a la política de Paz Total
Durante la discusión, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, defendió la iniciativa al considerar que entrega herramientas al Estado para enfrentar las estructuras criminales, con restricciones para quienes hayan participado en delitos como el reclutamiento de menores o tengan requerimientos de extradición.
Por su parte, el senador Hernán Cadavid, coordinador ponente del proyecto, destacó las modificaciones introducidas durante el trámite y sostuvo que la propuesta no constituye un acuerdo de paz ni una negociación política con grupos ilegales, sino un mecanismo de sometimiento a la justicia bajo condiciones definidas por el Estado.
Tras la aprobación en las dos cámaras, el presidente Abelardo De La Espriella celebró el resultado y reconoció el trabajo del ministro Iván Cancino para conseguir los respaldos necesarios en el Congreso.
Con el aval legislativo, la iniciativa quedó a la espera de completar el trámite correspondiente y recibir la sanción presidencial para convertirse formalmente en ley de la República. Su implementación marcará una nueva etapa en la estrategia estatal para buscar el sometimiento de organizaciones criminales, con beneficios judiciales condicionados y obligaciones de colaboración con la justicia.