Con 57 votos a favor y 24 en contra, la plenaria del Senado de la República aprobó este martes 3 de noviembre, en último debate, la Ley de Sometimiento a la Justicia, una de las principales apuestas del Gobierno nacional para establecer nuevas reglas frente a las estructuras criminales de alto impacto. La iniciativa busca que los integrantes de estas organizaciones abandonen las actividades ilegales y se sometan a la justicia bajo condiciones específicas, con beneficios penales sujetos al cumplimiento de compromisos.
El proyecto plantea un cambio en la estrategia del Estado frente a las organizaciones armadas ilegales y busca reemplazar el modelo de la denominada política de Paz Total, implementada durante el gobierno de Gustavo Petro. Con esta propuesta, el Ejecutivo pretende establecer un mecanismo de sometimiento sin otorgar estatus político a los grupos criminales ni abrir procesos de negociación política con sus integrantes.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es el tratamiento penal diferenciado. Los integrantes rasos de estas estructuras podrían acceder a reducciones de hasta el 50 % de sus penas, mientras que quienes hayan ocupado posiciones de mando tendrían beneficios de máximo el 30 %. Estas rebajas estarían condicionadas al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el procedimiento de sometimiento y a la colaboración con las autoridades.
El articulado también establece condiciones más estrictas para quienes hayan participado en el reclutamiento de menores de edad. En estos casos, la eventual reducción de pena no podría superar el 10 % y se contempla una condena mínima de diez años de prisión. Por otra parte, los testaferros o terceros vinculados con los bienes de estas organizaciones tendrían que cumplir una pena mínima de seis años, siempre que entreguen la totalidad de los activos ilegales que estén en su poder.
Otro aspecto relevante es que quienes se acojan al mecanismo no podrán recibir la suspensión de órdenes de captura ni de extradición. La iniciativa también establece que las organizaciones no tendrán reconocimiento de estatus político, pues el objetivo es que sus integrantes respondan ante la justicia por las actividades criminales y contribuyan al desmantelamiento de las estructuras a las que pertenecen.
Durante la discusión, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, resaltó que es necesario contar con herramientas jurídicas para combatir las organizaciones criminales, garantizar que sus integrantes respondan ante la justicia y proteger a las víctimas. A su vez, el senador Hernán Cadavid, coordinador ponente del proyecto, señaló que la propuesta busca fortalecer la Constitución y las instituciones del Estado, más allá de la entrega de armas.
La iniciativa también estuvo rodeada de controversia por cuestionamientos sobre el procedimiento de votación de la ponencia positiva en la Cámara de Representantes. El representante Daniel Briceño, ponente del proyecto, negó que existiera un vicio de trámite y aseguró que la sustentación sí se realizó durante la discusión, después de que se repitiera la votación para atender las observaciones formuladas por algunos congresistas.
Aunque el Senado ya dio su aprobación en último debate, el proyecto todavía debe superar la discusión y votación correspondiente en la Cámara de Representantes. Si ambas corporaciones aprueban textos diferentes, será necesario adelantar una conciliación para unificar el articulado. Una vez completado ese procedimiento, la iniciativa podrá pasar a sanción presidencial.
El Congreso enfrenta un plazo decisivo, pues el Gobierno busca completar el trámite antes del vencimiento de la vigencia de la Ley de Orden Público, previsto para este miércoles 4 de noviembre.


