Hace unos días la secretaria jurídica de Presidencia, Clara María González, envió una petición a la Corte Constitucional para que le permita al gobierno de Iván Duque alargar la emergencia sanitaria por más tiempo. Esto se debe frente al número de muertes que se darían si no se mantiene la medida.
Según las estimaciones del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud, luego de la flexibilidad de medidas de la cuarentena que se dieron partir del pasado 27 de abril de 2020, la estimación es que para finales de diciembre 3,6 millones de colombianos se habrán contagiado, el pico se alcanzará cerca del 25 de agosto, para lo cual se requerirán 14.577 Unidades de Cuidados Intensivos. Sin embargo, cabe mencionar que para diciembre habrán ingresado a Ucis casi 170.000 personas y las muertes totales serían de 41.622.
Por otro lado, se afirmó que el tiempo de cuarentena no ha sido suficiente para tomar precauciones ni atender los hechos agravantes de la pandemia para todos los sectores y agentes de la economía, ni mucho menos para calibrar la dimensión de todas las afectaciones futuras.
Cabe mencionar que existen otros factores que fueron expuestos por el Ejecutivo y que evidencian las afectaciones del país en diferentes campos. Entre ellos están las tasas de contagio, el desempleo, que a corte de mes de mayo, afectó a 5,3 millones de personas. También se presentó un desplome abrupto del precio del petróleo, al punto de que en la semana del 20 de abril la referencia WTI alcanzó precios negativos por primera vez en la historia y la referencia BRENT se situó por debajo de 16 dólares por barril. También se prevé un crecimiento de -17.2 por ciento en el segundo trimestre del año.
Finalmente, el gobierno proyecta que para el año 2020 el porcentaje de población en condición de pobreza extrema llegue 8,3 por ciento, lo cual implicaría retroceder a los niveles de pobreza extrema de 2013. Además de eso, en el informe de la Superintendencia de Sociedades señaló que entre un 17,8 y un 37 por ciento de las empresas en el país podrían estar en riesgo de insolvencia.
“Con estos elementos en perspectiva, es claro que los hechos que sustentan el presupuesto fáctico de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 superan el juicio de sobreviniencia”
Fuente: Semana
