Las autoridades chinas ejecutaron a Yu Huaying, una mujer de 61 años condenada por el secuestro y tráfico de 17 niños entre 1993 y 2003. Su sentencia de pena de muerte fue ratificada por el Tribunal Supremo antes de ser ejecutada en la provincia de Guizhou, al suroeste del país.
La historia criminal de Yu comenzó en 1993, cuando vendió a su propio hijo por 5.000 yuanes (aproximadamente 660 euros). A partir de entonces, se dedicó a secuestrar niños en las regiones de Guizhou, Chongqing y Yunnan, vendiéndolos a familias o a orfanatos en una época en la que China era el epicentro mundial de adopciones internacionales.
Las autoridades confirmaron que 17 menores fueron arrebatados de sus familias y comercializados en la provincia de Hebei, al norte del país. Algunas de las víctimas pasaron años en condiciones de maltrato y explotación, sin saber que habían sido separadas a la fuerza de sus padres biológicos.
Yu logró evadir la justicia durante casi 30 años, hasta que en 2022 la denuncia de una de sus víctimas permitió su arresto. Yang Ninhua, secuestrada en 1995 cuando tenía cinco años, contó su historia en redes sociales con la esperanza de encontrar a su familia biológica.
“Mi familia adoptiva me golpeaba con frecuencia y, cuando cumplí 13 años, me obligaron a dejar la escuela para empezar a trabajar en una fábrica. Nunca entendí por qué mis padres biológicos nunca vinieron a buscarme”, relató Yang.
Gracias a un banco de datos de ADN de niños desaparecidos, Yang pudo reencontrarse con su hermana y confirmar que había sido víctima de trata. Su testimonio llevó a la policía hasta un intermediario, quien finalmente señaló a Yu Huaying como la responsable de su secuestro.
El Tribunal Popular Superior de Guizhou dictaminó que los crímenes de Yu causaron un daño irreparable a las familias y que muchas de ellas pasaron años buscando a sus hijos sin éxito.
“Yu Huaying trató a los niños como mercancía para comprar y vender, dañando gravemente su dignidad y libertad personal”, señaló el fallo.
Su condena a muerte fue dictada en octubre de 2024 y, tras agotar todas las apelaciones, fue ejecutada este 1 de marzo. Además de la pena capital, el tribunal ordenó la confiscación de todos sus bienes.
