Una preocupante situación afecta a las cárceles del Eje Cafetero debido al desabastecimiento de medicamentos psiquiátricos, generando alteraciones en el comportamiento de algunos reclusos y comprometiendo la convivencia y la seguridad dentro de los centros penitenciarios. La alerta fue emitida por el mayor retirado Gonzalo Patiño, director de la penitenciaría de mediana seguridad Peñas Blancas de Calarcá, Quindío.
“Efectivamente ha habido inconvenientes con el suministro de los medicamentos psiquiátricos. La empresa encargada, Goleman, está haciendo gestiones para entregar los suministros, pero persisten los faltantes para internos que dependen de estos tratamientos”, explicó el director Patiño. La falta de estos medicamentos ha provocado incidentes que han puesto en riesgo la seguridad del establecimiento.
Un ejemplo alarmante ocurrió el pasado lunes, cuando a un interno de Peñas Blancas no se le suministró su medicación a tiempo. Este recluso, en un episodio de descompensación, prendió fuego a una colchoneta en su celda. Gracias a la rápida intervención de los funcionarios con extintores, el incendio fue controlado a tiempo, evitando una tragedia mayor. Dos internos sufrieron quemaduras leves y fueron atendidos por el personal de Sanidad.
Esta crisis no se limita únicamente a Peñas Blancas. Según el director, otras cárceles de la región, como los establecimientos de La Dorada y Ibagué, también enfrentan problemas similares con la entrega de medicamentos. Aunque algunos suministros han llegado, el abastecimiento aún no se ha normalizado por completo, dejando a la población reclusa en una situación de vulnerabilidad y al personal penitenciario en constante alerta.
Las autoridades y la empresa encargada del suministro trabajan en un plan de contingencia para solucionar esta situación cuanto antes. Sin embargo, el riesgo persiste y los centros penitenciarios del Eje Cafetero continúan a la espera de una solución definitiva para garantizar el orden y la estabilidad dentro de las instalaciones.
Este desabastecimiento no solo amenaza la salud mental de los internos, sino también la seguridad y el bienestar del personal encargado de su custodia y de la población penitenciaria en general.
