Durante la visita oficial de la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, a la ciudad de Armenia, Quindío, el alcalde James Padilla García hizo un llamado para que la entidad intervenga de manera decidida en la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad, ante la crítica situación de hacinamiento y precariedad en los centros de detención transitoria de la ciudad.
Uno de los temas abordados en el encuentro fue la nueva responsabilidad que recaerá sobre los entes territoriales respecto a la alimentación de reclusos en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía, una función que actualmente está a cargo de la USPEC (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios).
La defensora explicó que el Gobierno Nacional espera una transición progresiva en la que municipios y departamentos presenten planes de abordaje para asumir esta función. En los casos donde se demuestre falta de capacidad operativa o financiera, el Estado subsidiará la atención.
El alcalde Padilla aprovechó el espacio para visibilizar el grave hacinamiento que enfrentan estos centros en Armenia, situación que, según él, vulnera la dignidad y los derechos humanos de los detenidos. “Esperamos que, conociendo de primera mano esta realidad, se tomen acciones concretas para garantizar condiciones dignas a esta población”, puntualizó el mandatario.
La reunión evidenció la urgencia de establecer acciones coordinadas entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales para evitar que la crisis carcelaria siga profundizándose en la capital quindiana.
