Ante la entrada en vigencia de la Ley 2346 de 2024, que transfiere a los alcaldes del país la responsabilidad de suministrar alimentos a las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria (CDT), Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de policía, el alcalde de Armenia, James Padilla García, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que apoye financieramente a las administraciones locales.
La normativa comenzará a regir a partir del 1 de julio de 2025 y fue establecida por la Corte Constitucional en 2022, siendo ratificada en 2023. Esta medida implica que los municipios asumirán una función que hasta ahora correspondía a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
“Esta nueva normativa implica una carga adicional para los entes territoriales, y por eso, es fundamental contar con el apoyo del Gobierno Nacional en términos de recursos económicos que nos permitan garantizar una atención digna y adecuada a esta población,” declaró el mandatario local.
Padilla García también confirmó que varios alcaldes del país están preparando una solicitud conjunta al Ejecutivo, con el fin de que se disponga un plan de apoyo financiero que permita enfrentar los desafíos logísticos y presupuestales que conlleva esta transición.
La implementación de la Ley 2346 representa un reto considerable, especialmente para los municipios con limitaciones presupuestales, que deberán ajustar sus recursos para garantizar la alimentación adecuada de las personas detenidas en instalaciones policiales.
