Pese a la indignación y el horror que desató el reciente caso de abuso sexual en el Hogar Infantil Canadá Sede F, en Bogotá, la Asociación Parque Canadá —operador contratado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)— continúa administrando otros nueve jardines infantiles en la ciudad. En uno de estos centros fue capturado Fredy Arley Castellanos, trabajador acusado de abusar sexualmente de al menos seis niños entre los 3 y 4 años.
La Fiscalía General de la Nación, junto con unidades de la Sijín, detuvo a Castellanos, quien enfrentará cargos por actos sexuales abusivos y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Lo más grave: antes de su captura, ya había alertas de padres de familia sobre comportamientos sospechosos del trabajador, pero las advertencias fueron ignoradas. Solo una semana después de que el caso se hizo público, el jardín fue cerrado temporalmente.
Lo que genera mayor preocupación es que, aunque se suspendió la operación del centro donde ocurrieron los hechos, la Asociación Parque Canadá sigue al frente de otros nueve jardines, distribuidos en San Cristóbal, Bosa y Los Mártires, donde actualmente atienden a 1.402 niños.
Según una investigación liderada por el concejal de Bogotá, Juan Baena, esta organización ejecuta un contrato directo con el ICBF por cerca de 6.000 millones de pesos, monto con el que administra los diez jardines de primera infancia.
El caso ha puesto bajo la lupa no solo a la Asociación Parque Canadá sino también a la política pública de atención a la infancia en Colombia. Entre 2023 y 2024, más de 780.000 niños quedaron sin atención continua debido a decisiones administrativas del actual gobierno. Además, la cobertura de educación preescolar sigue siendo alarmantemente baja: solo un 35 % en comparación con el 50 % del promedio latinoamericano.
Familias, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales exigen una revisión urgente de los operadores contratados por el ICBF y una reestructuración de los controles y supervisión en los jardines infantiles. El llamado es claro: la protección de los niños debe ser prioridad absoluta, no un asunto relegado por trámites administrativos o contrataciones cuestionables.
