El Congreso aprobó, en una primera votación, el proyecto de ley que inhabilita a ocupar cargos públicos a los condenados que no indemnicen al Estado.
El proyecto fue aprobado por 54 votos a favor y 28 abstenciones, todas de la bancada de fujimorista de Fuerza Popular. El oficialismo pretendía pasar a la segunda y definitiva votación para sancionar la ley, pero deberá esperar hasta la semana próxima.
La “muerte civil” supone la prohibición de ejercer cargos electivos, de contratar con el Estado y de trabajar para cualquier dependencia pública, para los condenados por delitos de corrupción que, aunque hayan cumplido con la pena, se rehúsen a pagar una indemnización.
La norma crea también el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos en Agravio del Estado, que estará a cargo del Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia, según informa El Comercio.
Martha Chávez y Luz Salgado, diputadas fujimoristas, exigieron que el proyecto pase a la Comisión de Constitución por considerar que se violaban derechos fundamentales, pero su moción fue rechazada.
Por su parte, Manuel Dammert afirmó que la ley considera sólo al pequeño deudor, y no a los poderes económicos que están detrás del Estado.
INFOBAE
