Cinco mujeres colombianas fueron rescatadas al sur de España tras haber caído en manos de una red de trata de personas con multas de explotación sexual. Las víctimas, junto a otras cuatro mujeres procedentes de Venezuela, Bolivia, Paraguay y España, permanecían encerradas, sin documentos y vigiladas las 24 horas en apartamentos insalubres.
De acuerdo con el Ministerio del Interior de España, la operación fue posible gracias a una investigación que comenzó en 2024, tras la denuncia de una ONG especializada en la lucha contra la trata en Europa. La Guardia Civil desplegó un operativo en Cantabria y otras localidades del norte del país, logrando liberar a las nueve mujeres y capturar a siete personas directamente involucradas en la organización criminal. Otras tres personas quedaron vinculadas al proceso como investigadas.
El drama que vivían las víctimas es estremecedor: fueron engañadas con falsas ofertas de empleo en el sector hotelero o doméstico y, una vez llegaban a España, sus pasaportes eran retenidos y se les obligaba a prostituirse día y noche bajo amenaza de represalias contra sus familias en Colombia y otros países de origen.
Los rescatistas encontraron a las mujeres hacinadas en habitaciones con letras, sin poder salir y controladas por cámaras de seguridad que registraban cada movimiento, incluso mientras dormían. La red era dirigida por un matrimonio español y su hijo, quienes, junto a otras siete mujeres, coordinaban la captación, el traslado y la vigilancia de las víctimas.
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron 20.000 euros en efectivo, drogas destinadas a los clientes, documentos falsificados, los pasaportes de las víctimas y equipos electrónicos que serán claves en el proceso judicial.
El embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila, expresó su preocupación por el aumento de este tipo de delitos y reiteró el apoyo integral del Estado a las víctimas, ofreciendo asistencia psicosocial, jurídica y la posibilidad de regresar al país si así lo solicitan.
La operación contó con el respaldo de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, la Interpol y las autoridades judiciales y policiales españolas, demostrando la efectividad de la cooperación binacional contra el crimen organizado transnacional.
De acuerdo con datos de la Unión Europea, la trata de personas ha aumentado más de un 20% en los últimos años y más de la mitad de las víctimas provienen de países no pertenecientes a la UE. Las autoridades hacen un llamado urgente a la comunidad migrante para denunciar cualquier situación que pueda evidenciar casos de explotación o retención de documentos.
