Raquel Elena Polo Suárez, condenada por el homicidio agravado de su hijo de apenas siete meses de nacido, fue capturada por la Policía Nacional en el municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, luego de permanecer varios años evadiendo a las autoridades judiciales.
La detención se produjo durante labores de patrullaje, registro y control realizadas por uniformados de la Policía, quienes verificaban antecedentes mediante un dispositivo PDA. Al consultar la identidad de la mujer, el sistema arrojó una orden de captura vigente emitida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Sincelejo, Sucre, por lo que se solicitó el apoyo de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) para hacer efectiva la captura.
Polo Suárez, oriunda de San Andrés de Sotavento, Córdoba, era requerida para cumplir la condena impuesta por el delito de homicidio agravado, luego de aceptar su responsabilidad por la muerte de su hijo, ocurrida el 6 de marzo de 2013 en una vivienda del barrio Seis de Enero, en Sincelejo.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, el bebé se despertó llorando hacia las 5:00 de la mañana y su madre se levantó con el pretexto de prepararle un tetero. Posteriormente ingresó nuevamente a la habitación donde se encontraba el menor y, según las pruebas del proceso, le causó la muerte al sumergir su cabeza en un líquido caliente. El dictamen forense estableció que el niño falleció por insuficiencia respiratoria como consecuencia de la inmersión, determinando que se trató de una muerte violenta.
Durante el proceso judicial también se conoció que la mujer había manifestado anteriormente su intención de entregar al bebé en adopción, debido a que no quería continuar conviviendo con el padre del menor, José Carlos Contreras Montes.
En las audiencias realizadas en 2013, Polo Suárez aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Debido a que la víctima era su propio hijo y se encontraba en condición de indefensión, el delito no contemplaba beneficios de rebaja de pena, por lo que la condena podía superar los 30 años de prisión.
Tras ser sentenciada, la mujer no cumplió la pena y permaneció prófuga hasta ser ubicada por las autoridades en La Guajira. Una vez confirmada la orden judicial, los uniformados le informaron los motivos de su captura y los derechos que le asistían como persona detenida, conforme a la Constitución y al Código de Procedimiento Penal.
Posteriormente, fue dejada a disposición del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Sincelejo, autoridad encargada de hacer efectiva la condena impuesta por el delito de homicidio agravado.
