El gobierno del presidente electo Abelardo De la Espriella estudia un paquete de decretos con los que buscará reglamentar la cotización proporcional a la seguridad social para trabajadores por días o con jornadas parciales, una iniciativa que ha reabierto el debate sobre la implementación del trabajo por horas en Colombia.
La propuesta se apoyaría en disposiciones contempladas en la reforma laboral aprobada por el Congreso y sancionada en 2025, con el objetivo de facilitar la formalización de trabajadores independientes, empleados de microempresas y personas vinculadas mediante contratos especiales. Sin embargo, la iniciativa ha generado una fuerte controversia entre el gobierno saliente y el equipo del mandatario electo.
Según explicó Charles Chapman, integrante del Comité Jurídico de ACRIP Región Central y miembro del equipo de empalme en asuntos laborales, la legislación vigente dejó “ventanas” jurídicas que permitirían reglamentar este esquema mediante decretos. De acuerdo con el jurista, bastaría con expedir nuevas normas para que, a partir del próximo 7 de agosto, cuando De La Espriella asuma la Presidencia, pueda implementarse la cotización por horas en contratos especiales.
El análisis de estos decretos se desarrolla de cara al inicio del nuevo Gobierno, aunque hasta el momento no existe ningún documento oficial firmado o publicado.
La discusión provocó la reacción del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien aseguró que la reforma laboral no aprobó el trabajo por horas ni la cotización por horas como modalidad de contratación. El funcionario sostuvo que la ley únicamente reglamentó la cotización parcial al sistema de seguridad social para trabajadores que laboran menos de un mes o cuyos ingresos son inferiores al salario mínimo.
Sanguino advirtió que el nuevo Gobierno intentará implementar el trabajo por horas mediante decretos y afirmó que esta figura podría precarizar el empleo al permitir que los empleadores contraten únicamente el tiempo que requieran, afectando la estabilidad de los ingresos de los trabajadores.
Por su parte, Chapman defendió la iniciativa al considerar que responde a las nuevas dinámicas del mercado laboral y representa una alternativa para ampliar la formalización y brindar mayor flexibilidad tanto a trabajadores como a empleadores.
La reforma laboral establece que las microempresas, los hogares y los trabajadores independientes podrán realizar aportes a la seguridad social de manera proporcional al tiempo trabajado o a los ingresos percibidos. No obstante, la implementación del modelo quedó supeditada a una reglamentación que debía expedirse en un plazo de seis meses tras la sanción de la Ley 2466 de 2025, proceso que no se concretó durante el actual Gobierno y que ahora quedará en manos de la administración entrante.
La normativa también establece que este mecanismo no podrá utilizarse para reemplazar empleos de tiempo completo y que su vigilancia estará a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP), con el fin de evitar posibles abusos en la contratación laboral.
