El Gobierno Nacional publicó este 12 de agosto dos proyectos de decreto que contemplan medidas tributarias y aduaneras transitorias para las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Las disposiciones buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones de ciudadanos y empresas afectadas por la emergencia.
Una de las principales medidas establece nuevos plazos para la declaración y pago del impuesto sobre la renta y complementarios de personas naturales y sucesiones ilíquidas cuyos vencimientos estaban previstos para agosto. El beneficio aplica a quienes tenían su domicilio fiscal, al 10 de agosto de 2026, en municipios pertenecientes a determinadas seccionales de la DIAN.
Entre los departamentos cobijados se encuentra Quindío, a través de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia. También están incluidos Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Chocó y Cauca. Los nuevos vencimientos dependen de los dos últimos dígitos del NIT y se extienden desde el 27 de octubre hasta el 13 de noviembre.
La medida también contempla a las personas naturales que se inscriban por primera vez en el RUT, siempre que su domicilio corresponda a los municipios incluidos. Asimismo, agentes de retención y autorretenedores de las zonas cobijadas podrán presentar y pagar la declaración mensual de retención en la fuente correspondiente a julio de 2026 en los plazos establecidos para agosto, sin liquidación de intereses moratorios ni sanciones.
En materia aduanera, el segundo proyecto plantea la suspensión de términos entre el 10 de agosto y el 10 de septiembre de 2026 en las seccionales de Pereira, Armenia, Manizales, Buenaventura y Quibdó, además de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali. La suspensión comprende diferentes procedimientos, entre ellos permanencia de mercancías en lugares de arribo, nacionalización, presentación de declaraciones, tránsito aduanero y obligaciones de determinados operadores.
Los dos decretos se encuentran publicados para comentarios de la ciudadanía en la página del Ministerio de Hacienda. Las medidas, según el Gobierno Nacional, buscan responder a las dificultades que la emergencia sísmica pueda generar para el cumplimiento de obligaciones tributarias y aduaneras en los territorios afectados.
