La Procuraduría General de la Nación suspendió por seis meses a Martha Isabel Ospina Cárdenas, subsecretaria de Grupos Vulnerables y Programas Especiales de la Secretaría de Desarrollo Rural de Pereira, y por tres meses a la secretaria de Desarrollo Social y Político del municipio, Karen Stephany Zape Ayala, por omisión en la atención a la población víctima.
La Provincial Pereira encontró probados los cargos formulados a las disciplinadas en tanto no garantizaron la asistencia oportuna a familias víctimas, quienes solicitaron ayuda humanitaria que no fue suministrada.
A Ospina Cárdenas y Zape Ayala el órgano de control les reprochó por no realizar los trámites oportunos para que se diera el cumplimiento a lo ordenado por el Juez Quinto Penal Municipal, quien mediante auto del 6 de julio de 2018, decretó la medida provisional y concedió un plazo de 24 horas para que de manera inmediata se garantizara un albergue temporal y proporcionara una asistencia temporal a una familia proveniente de Argelia, Risaralda.
Para la Procuraduría las personas no fueron tratadas con consideración y respeto por parte de las disciplinadas, quienes no brindaron la atención y el acompañamiento necesario que les garantizara sus derechos como víctimas.
“Ni brindaron a las familias la ayuda humanitaria de acuerdo a las necesidades inmediatas de socorrer, asistir, proteger y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas, motivo por el que se dio el incumplimiento de los deberes previsto en el artículo 178 de la LEY 1448 DE 2011”.
La Procuraduría calificó la falta de las funcionarias como grave a título de culpa gravísima. Este fallo de primera instancia fue apelado por las disciplinadas y será resuelto por la Procuraduría Regional de Risaralda.
