Una mujer de 62 años fue rescatada en Brasil tras permanecer durante 55 años sometida a condiciones análogas a la esclavitud mientras trabajaba como empleada doméstica para tres generaciones de una misma familia, sin recibir salario, sin acceso a la educación y con severas restricciones a su libertad.
El operativo fue realizado el pasado 2 de julio por la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Empleo, con apoyo del Ministerio Público de Trabajo y la Policía Federal, en una vivienda ubicada en la ciudad de Fortaleza, capital del estado de Ceará, en el noreste del país. Las autoridades decidieron mantener en reserva la identidad de la víctima y de los empleadores.
La investigación estableció que la mujer comenzó a trabajar en 1971, cuando apenas tenía siete años de edad. Según su testimonio, fue llevada a la vivienda por su propia madre, quien también prestaba servicios domésticos para la familia. Desde entonces permaneció bajo el control de sus empleadores, acompañando a tres generaciones mientras era trasladada de una residencia a otra para continuar realizando las mismas labores del hogar.
Durante más de cinco décadas nunca recibió un salario mensual, no tuvo vacaciones ni acceso a la educación. Además, vivía en una situación de total dependencia económica y, según las autoridades, llegó a creer que la alimentación, la ropa y el alojamiento eran la única retribución por su trabajo.
Su rutina comenzaba todos los días a las 4:30 de la mañana, cuando preparaba el desayuno y organizaba la salida de dos niños hacia el colegio. Posteriormente continuaba con la limpieza de la vivienda, la preparación de alimentos y las demás tareas domésticas, sin días de descanso. La investigación también reveló que la mujer padecía episodios de hipertensión y estrés como consecuencia de las condiciones de explotación.
A pesar de haber trabajado desde su infancia, la víctima nunca fue vinculada formalmente como empleada. Solo recibía 600 reales mensuales del programa social Bolsa Família, dinero cuyo retiro era administrado por la propia empleadora.
Tras la inspección, los empleadores reconocieron la relación laboral únicamente a partir de julio de 2014. Sin embargo, la Inspección de Trabajo estima que los salarios, prestaciones sociales y demás derechos laborales adeudados superarían los 1,5 millones de reales.
Como parte de un Término de Ajuste de Conducta firmado con el Ministerio Público de Trabajo, los responsables se comprometieron a pagar una indemnización equivalente a unos 10.000 dólares, adquirir una vivienda completamente amoblada para la víctima con un valor cercano a los 30.000 dólares y asumir las cotizaciones a la seguridad social hasta que pueda acceder a su jubilación.
La fiscal especializada Maria Neuzeli aseguró que la víctima “vivía en una especie de prisión”, al señalar que nunca desarrolló autonomía debido a los años de sometimiento y dependencia.
Este caso vuelve a poner en evidencia la persistencia del trabajo análogo a la esclavitud en Brasil. Según cifras oficiales, las autoridades rescataron a 3.190 personas en 2023, 2.186 en 2024 y 2.772 durante 2025, en distintos operativos contra este delito.
