Cinco representantes a la Cámara radicaron un proyecto de ley que busca penalizar el ocultamiento deliberado de la identidad cuando sea utilizado para cometer delitos durante manifestaciones públicas.
Un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra quienes utilicen capuchas, máscaras, pasamontañas u otros elementos para ocultar su identidad mientras cometen delitos durante manifestaciones públicas fue radicado ante la Cámara de Representantes.
La iniciativa es promovida por los representantes Jaime Arizabaleta, Miguel Ángel Pinto y Daniel Briceño, del Centro Democrático; Julio César Triana, de Cambio Radical, y Guillermo Alvira, del Partido Conservador. Según sus impulsores, la propuesta pretende garantizar el orden público y la seguridad ciudadana, sin afectar el derecho fundamental a la protesta pacífica.
De acuerdo con el proyecto, quienes deliberadamente oculten o dificulten su identificación mediante prendas, máscaras, pasamontañas u otros elementos similares y, valiéndose de ello, cometan actos vandálicos durante una manifestación, reunión, movilización o concentración pública podrían enfrentar penas de entre 54 y 96 meses de prisión, además de multas de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El representante Jaime Arizabaleta defendió la iniciativa señalando que el objetivo no es criminalizar la protesta. Según explicó, la mayoría de quienes participan en manifestaciones lo hacen de manera pacífica y sin ocultar su identidad, mientras que la propuesta estaría dirigida a quienes utilizan el anonimato para facilitar la comisión de delitos.
Por su parte, el representante Julio César Triana aseguró que el proyecto busca evitar que comerciantes, pequeños empresarios y las ciudades terminen asumiendo los costos derivados de actos vandálicos. La iniciativa también plantea circunstancias agravantes cuando durante estos hechos se utilicen elementos peligrosos de fabricación artesanal, explosivos, sustancias corrosivas u otros medios capaces de causar graves daños a personas o bienes públicos y privados.
Las penas también podrían agravarse cuando las conductas recaigan sobre instituciones educativas, centros de salud, organismos de socorro, bienes de interés cultural o infraestructura destinada a servicios públicos esenciales.
El proyecto contempla además sanciones para quienes, mediante medios ilícitos, inciten, dirijan, constriñan o proporcionen recursos para bloquear vías o infraestructura de transporte de manera temporal o permanente, cuando estas acciones atenten contra la vida, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo. Para estos casos también se plantean penas de 54 a 96 meses de prisión, multas de 50 a 200 salarios mínimos e inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo término de la condena.
La propuesta, que cuenta con respaldo de congresistas de diferentes bancadas, iniciará ahora su trámite legislativo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde deberá ser discutida y sometida a votación antes de continuar con las siguientes etapas del proceso. Por ahora, se trata de un proyecto de ley y no de una norma vigente.
