La Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. Los menores, de 12, 7 y 5 años, sobrevivieron al ataque y recibieron atención médica.
Ante un juez de control de garantías fue presentada Barlis Marina Rada Ortiz, de 34 años, señalada por la Fiscalía General de la Nación de presuntamente intentar acabar con la vida de sus tres hijos, de 12, 7 y 5 años, en hechos ocurridos en el municipio de Ciénaga, Magdalena.
Durante las audiencias preliminares, el ente acusador le imputó el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, en calidad de presunta responsable de la agresión contra los menores. Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía, el juez decidió imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 5 de junio de este 2026, en la vivienda donde se encontraban los menores. Según la hipótesis presentada por las autoridades, momentos antes se habría registrado una discusión entre Rada Ortiz y su pareja sentimental, quien además sería el padrastro de los niños.
La Fiscalía sostiene que, después del altercado, la mujer habría utilizado cuerdas sujetas a una viga de la vivienda para presuntamente agredir a sus tres hijos por el cuello. La situación fue advertida cuando uno de los menores logró escapar del inmueble atravesando una pared del patio y llegó hasta la vivienda de un vecino para pedir ayuda.
El vecino acudió al lugar y, según la información recopilada por los investigadores, logró auxiliar a los otros dos niños y ponerlos a salvo. Los tres menores fueron trasladados para recibir atención médica debido a las lesiones que presentaban en el cuello.
El caso fue asumido por investigadores de la Seccional de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Santa Marta, quienes adelantaron las labores investigativas y recopilaron elementos materiales probatorios y evidencia física que permitieron solicitar una orden de captura contra la mujer. Posteriormente, Rada Ortiz fue capturada y puesta a disposición de las autoridades judiciales. La decisión de enviarla a un establecimiento carcelario se tomó mientras avanza el proceso en su contra.
