La decisión marca un nuevo escenario judicial para integrantes de tres estructuras armadas que habían sido reconocidos como representantes en procesos de negociación con el Gobierno Nacional. La Fiscalía General, mediante la Resolución 0263 de 2026, determinó reactivar las órdenes de captura que permanecían suspendidas como consecuencia de esos espacios de diálogo.
En total, la medida cobija a 27 integrantes del Estado Mayor de Bloques y Frente, 13 de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y seis de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Entre los nombres incluidos aparecen Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’; José Vicente Lesmes, alias ‘Walter Mendoza’; y Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’.
También figuran Carlos Eduardo García Téllez, alias ‘Andrei’ o ‘Andrey’; Javier Alfonso Velosa García, alias ‘Jhon Mechas’ o ‘John Catatumbo’; y Óscar Ojeda Erazo, alias ‘Leopoldo’ o ‘Papá Noel’. La resolución cobija igualmente a exrepresentantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, cuyas mesas de diálogo también fueron terminadas por el actual Gobierno.
El paso determinante se produjo el 28 de agosto, cuando el presidente Abelardo De La Espriella dio por terminada la mesa de negociación con el Estado Mayor de Bloques y Frente y revocó la designación de sus representantes. Al desaparecer esa condición, la Fiscalía estableció que correspondía reactivar las órdenes de captura que habían quedado suspendidas durante el proceso.
En el caso de alias ‘Calarcá’, la Fiscalía llevaba varios meses analizando la posibilidad de levantar la suspensión. En marzo, la fiscal general Luz Adriana Camargo había señalado que se estudiaba esa posibilidad ante elementos relacionados con una presunta falta de voluntad para cumplir las condiciones establecidas en la Ley de Paz Total. Además, ‘Calarcá’ aparece mencionado en investigaciones relacionadas con posibles hechos de cooptación y tráfico de armas.
El Gobierno justificó el cierre de las mesas señalando que las estructuras no evidenciaban una verdadera intención de avanzar hacia la paz y que, por el contrario, estaban utilizando los espacios para fortalecerse. Como contexto, un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) citado en la información suministrada señala que estas estructuras pasaron de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026, un crecimiento cercano al 90 %. Con la reactivación de las órdenes de captura, los integrantes cobijados dejan de contar con la suspensión que había estado ligada a su condición de representantes en las negociaciones.
