La Procuraduría General de la Nación logró que el Tribunal Administrativo del Quindío confirmara un fallo de primera instancia en el que se reconoce la vulneración y amenaza a los derechos colectivos de los habitantes de la Hacienda Pisamal ubicada en el municipio de La Tebaida, ordenando medidas para garantizar un ambiente sano y establecer un plan de manejo sostenible de los recursos naturales.
La Procuraduría Delegada de Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios señaló que la problemática se originó por resoluciones expedidas por entidades como la Agencia Nacional de Tierras, la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), el departamento del Quindío, el municipio de La Tebaida, el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Policía Nacional.
Acciones ordenadas por el Tribunal
El fallo establece que, en un plazo máximo de un año, las entidades involucradas deberán:
- Realizar la caracterización y levantamiento de la línea base biofísica de los predios de la Hacienda Pisamal para determinar la afectación ambiental actual, identificar pasivos ambientales y proponer medidas de manejo, mitigación y recuperación.
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Delimitar las áreas con restricciones ambientales y aquellas aptas para el aprovechamiento económico, colocando mojones para facilitar el control y seguimiento de posibles deterioros ambientales.
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Ejército y Policía Nacional deberán apoyar las acciones ambientales y reforzar la vigilancia en la zona para prevenir nuevas afectaciones ecológicas.
Con esta decisión, la Procuraduría exige que las autoridades adopten medidas concretas para garantizar la conservación de los recursos naturales en la Hacienda Pisamal.
Por tanto, vale mencionar, que la Hacienda Pisamal, está conformada por cinco predios que abarca cerca de 600 hectáreas y tiene un historial ligado al narcotráfico, ya que perteneció a Carlos Enrique Ledher y posteriormente al hondureño Juan Ramón Mata Ballesteros. En 2004, fue objeto de extinción de dominio y pasó a manos del Estado, bajo la administración del INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras.
