De igual forma se formuló pliego de cargos a la entonces interventora de la misma empresa de juegos de azar.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la señora Olga Lucía Urrea Moncaleano, en calidad de gerente de la Lotería del Quindío para la época de los hechos, por presunta omisión del cumplimiento de sus funciones.
Como representante legal de la entidad, la señora Urrea Moncaleano suscribió contrato de compraventa con una empresa para el suministro de balotas marcadas para los sorteos de la lotería, aparentemente sin determinar dentro del objeto contractual las especificaciones técnicas, de numeración y el lugar de entrega de los elementos contratados, situación que generó que la firma contratista suministrara balotas marcadas con las series números 00 hasta el 85, teniendo en cuenta que este último número no estaba autorizado para que la Lotería del Quindío emitiera esos billetes.
Dichos elementos fueron entregados en la ciudad de Bogotá D.C. a un presunto funcionario de la Lotería del Quindío, sin determinarse quién, y sin percatarse este que la serie 85 no estaba en juego, llevándose a cabo todos los sorteos con esa numeración desde el 22 de diciembre de 2011 hasta el 26 de enero de 2012, fecha en la que salió dicha serie, situación que dio lugar a que las autoridades que vigilaban dicho sorteo lo repitieran y posteriormente presentar las aclaraciones correspondientes a la opinión pública.
La disciplinada posiblemente violó con su omisión los principios de la contratación estatal, como son el de economía, responsabilidad, planeación, autocontrol y eficiencia, adoptados por en el manual de contratación de la Lotería del Quindío.
De igual forma, se le formuló pliego de cargos a la señora Your Maribel González Peralta, quien fungía como profesional especializada en el área de gestión de recursos de la Lotería del Quindío, con funciones de interventoría, por omitir un acto propio de sus actividades al no verificar en la entrega de los elementos el total de balotas con su numeración respectiva.
Así mismo, la funcionaria González Peralta firmó el “recibí a satisfacción” según el acta única de interventoría del 13 de diciembre de 2011, cuando los elementos tampoco fueron entregados en la ciudad de Armenia, Quindío, según lo afirmado por el contratista, quien demostró en documentos que los entregó en la ciudad de Bogotá.
La posible irregularidad se calificó provisionalmente como falta grave a título de culpa grave, en el entendido de la voluntad, el conocimiento de los hechos y naturaleza de la falta.
