El documento establece seis puntos sobre los que el gobierno y la guerrilla deben acordar. El grupo armado se convertiría en movimiento político y tendría acceso a los medios
El texto, firmado por representantes de Colombia, las FARC, Cuba y Noruega, recoge los puntos consensuados en las mesas de negociaciones que se mantuvieron en la capital cubana entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de este año.
En él se establece el papel que va a cumplir cada uno de los países que participaron de una u otra forma en las negociaciones y se señala que La Habana y Oslo serán los garantes del proceso mientras que Venezuela -al que las primeras versiones le habían adjudicado un rol protagónico- será el “facilitador de logística y acompañante”.
“La construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción, incluidas otras organizaciones guerrilleras, a las que invitamos a unirse a este propósito”, señala el acuerdo.
La incorporación de otros grupos armados podría suceder, ya que el Ejército de Liberación Nacional, a través de un comunicado, afirmó que “Colombia y la comunidad internacional pueden contar con el ELN para tan importante reto y aspiración”.
El gobierno de Santos y las FARC invitan, además, a “los organismos de integración regional y a la comunidad internacional a acompañar este proceso”.
Los enviados de ambas partes estipularon, tal como afirmó el mandatario en su mensaje de este martes, que los puntos de la agenda deben tratarse de manera expedita y en el menor tiempo posible para garantizar la efectividad del diálogo de paz.
El primer punto del acuerdo -y por el que se comenzará de acuerdo a lo convenido- se refiere a la “política de desarrollo agrario integral”. Las directrices están encaminadas a lograr una reforma agraria, con énfasis en la economía solidaría y cooperativa y en la soberanía alimentaria.
En lo que respecta a la participación política, el gobierno colombiano se comprometió a promover “el ejercicio de la oposición política en general y, en particular, para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final”, lo que posibilitará que los guerrilleros se reagrupen como partido político.
Además, se les garantizará el acceso a los medios de comunicación, aunque no se especifica cómo se llevará a cabo. Las FARC históricamente han denunciado la existencia de una supuesta connivencia entre los principales medios del país y las fuerzas políticas tradicionales.
El fin del conflicto es el punto cuya implementación más dudas despierta. Incluye el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, lo que, a juzgar por las declaraciones tanto de Santos como de “Timochenko”, sucedería en el último tramo del diálogo por la paz.
“Las conversaciones se darán bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado”, de acuerdo al documento.
“El gobierno nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP”, agrega el texto.
Las autoridades también deberán promocionar la verdad detrás de los casos de violencia así como el resarcimiento a las víctimas del conflicto y el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo.
