El pasado domingo 6 de noviembre a las 4:40 de la tarde, Juan Pablo González, acusado de abusar de Hilary Castro en una estación de TransMilenio al norte de Bogotá, fue asesinado en una URI de Puente Aranda.
El cuerpo sin vida fue hallado por las autoridades en una de las celdas de la Sijín ubicadas dentro de la URI, donde también habían 80 detenidos más. Así lo dio a conocer el general Carlos Triana, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Inicialmente se creyó que era un suicidio pero luego de la necropsia realizada al cuerpo de Juan Pablo González, la Fiscalía afirmó lo contrario.
Luego de la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra de González, el hombre fue ingresado a la URI y luego de tener conflictos con otros privados de la libertad, fue trasladado a otra celda. Allí, cinco policías que estaban encargados de su custodia, según la Fiscalía, “permitieron que -otros reclusos- le raparan su cabellera, lo condujeran al baño, lo obligaran a bañarse y le golpearan durante 27 minutos seguidos con puños y patadas, lesionándolo hasta que perdiera la vida”. Incluso, fue obligado a tomar la orina de los otros reclusos.
Los cinco policías fueron capturados por la presunta complicidad en el homicidio de Juan Pablo González y fueron presentados ante un juez de control de garantías. Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía expuso que los policías en mención “No usaron su voz, ni su fuerza de mando, no provocaron una alerta para convocar la presencia de más fuerza para impedir el hecho, no se opusieron, no dieron una orden de detención, al contrario, fueron permisivos”.
Debido a lo anterior, a los cinco policías se les imputaron los delitos de homicidio agravado a título de coautores por comisión u omisión y tortura a título de coautores por comisión u omisión, pero ninguno los aceptó.
