El presidente de Colombia Gustavo Petro abrió un nuevo y amplio debate nacional al plantear una reforma estructural al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), con la cual este dejaría de operar como una póliza del sistema asegurador y pasaría a cobrarse como un impuesto administrado por el Estado, con tarifas diferenciadas principalmente por el cilindraje y la capacidad económica asociada a cada vehículo.
La propuesta fue expuesta por el mandatario durante su intervención de este 23 de diciembre, en el marco del análisis de la situación fiscal del país y de las obligaciones derivadas de órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con la financiación del sistema de salud. En ese contexto, Petro solicitó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, estudiar la viabilidad técnica y jurídica de este cambio, al considerar que el modelo actual no refleja de manera adecuada las diferencias entre los distintos tipos de automóviles que circulan en el país.
“Quiero que el SOAT sea impuesto y que la capacidad del carro sea el criterio central para definir cuánto se paga”, afirmó el jefe de Estado, al explicar que las motocicletas y los vehículos de menor cilindraje deben asumir un costo menor, mientras que los carros de mayor tamaño y valor -como los conocidos “cuatro puertas”- tendrían una carga más alta.
Según Petro, el esquema vigente, basado principalmente en índices de siniestralidad, ha generado una inequidad estructural, pues las motocicletas, que registran mayores niveles de accidentalidad, terminan pagando tarifas más altas, sin que se considere de forma suficiente la capacidad económica de sus propietarios. Con el nuevo enfoque, el cobro tendría un carácter progresivo y redistributivo.
Las coberturas del SOAT incluyen gastos médicos, incapacidad permanente, fallecimiento, gastos funerarios y transporte, con topes definidos por lesionado, garantizando atención a conductores, pasajeros, ocupantes y peatones, incluso en casos donde no exista póliza vigente, a través de la ADRES. Además, el sistema contempla transferencias del 3 % a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y del 14,2 % a la ADRES para apoyar la financiación de la política pública de salud y seguridad vial.
De acuerdo con la regulación proyectada por la Superintendencia Financiera, para 2026 el SOAT aumentaría un 5 % para motos de bajo cilindraje y taxis, mientras que disminuiría un 1 % para vehículos familiares, camperos y camionetas. Por ejemplo, una motocicleta entre 100 y 200 cc pagaría alrededor de $224.300, frente a los $213.300 de 2025, más la contribución a la ADRES.
Asimismo, el Gobierno prevé que, a partir de 2026, el costo de las coberturas médicas deje de calcularse en salarios mínimos y pase a expresarse en Unidades de Valor Tributario (UVT), ajustadas únicamente con la inflación.
